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Rosario Ruiz Canduriz
15/01/2026 | Playa del Carmen, QRoo
Aunque en las últimas semanas se ha especulado que el proyecto Royal Beach Cozumel es un hecho consumado, la realidad es que aún se encuentra en evaluación por parte de las autoridades ambientales, aclaró Martin Quijano, consultor ambiental con amplia experiencia en la gestión integral ambiental de proyectos de inversión.
Los impulsores del proyecto presentaron una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo cual, destacó el entrevistado, no representa una autorización ni una sentencia sobre el futuro de un proyecto. “Se trata de un estudio técnico que se presenta ante la autoridad ambiental para identificar impactos potenciales, proponer medidas de mitigación y permitir que la autoridad determine si el proyecto es viable, si requiere condicionantes adicionales o si debe ser rechazado”, dijo.
En el caso de Royal Beach Cozumel, la MIA se encuentra actualmente en proceso de evaluación y la decisión final corresponde a la autoridad ambiental federal. Otro punto que ha generado confusión es la dimensión real del proyecto. De acuerdo con la MIA, Royal Beach Cozumel se localiza en un predio de aproximadamente 17 hectáreas; sin embargo, el área destinada al desarrollo se concentra en una fracción menor del terreno, mientras que el resto se mantiene como áreas libres o de conservación.
De acuerdo con el consultor ambiental, el sitio donde pretende erigirse el proyecto no corresponde a un espacio virgen. “Según la información contenida en la MIA, se trata de un predio con uso turístico previo, donde ya operan instalaciones recreativas como restaurantes, bares, albercas, toboganes, un museo y un muelle que cuentan con antecedentes de autorización ambiental. Esto significa que el proyecto no plantea una transformación total del sitio, sino una intervención sobre un espacio previamente impactado y en operación”, dejó en claro.
Explicó que uno de los términos que más se ha utilizado en la discusión pública es el de “impacto severo”, que en el lenguaje cotidiano suele asociarse con daño irreversible, pero que en la evaluación ambiental tiene que ver con el escenario inicial de impacto, no el resultado final una vez implementadas las acciones de prevención, mitigación, compensación y monitoreo. Presentar la categoría “severo” como una conclusión definitiva, advierte Quijano, es metodológicamente incorrecto.
La MIA reconoce la presencia de manglar, flora nativa y fauna silvestre en el área de influencia del proyecto, identifica riesgos ambientales y propone medidas específicas para su manejo, mitigación, restauración y compensación. Otro de los temas que ha generado inquietud es el acceso a las playas. De acuerdo con la MIA, el proyecto no contempla cierres, barreras físicas ni exclusividad territorial sobre la playa.
Algunos activistas también han mostrado preocupación por la cercanía del proyecto con el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, a lo que Quijano manifestó: “proyectos turísticos cercanos a áreas naturales protegidas suelen generar preocupación, y el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel no es la excepción. La MIA analiza el área de influencia ambiental del proyecto, pero no concluye una afectación directa e inevitable al parque. También se han difundido cifras sobre el número de visitantes anuales asociados al proyecto, que en la MIA son escenarios máximos y se evalúa la operación por fases, considerando mecanismos de gestión de flujos.
Edición: Ana Ordaz
