Quintana Roo > Sociedad
Ana Ramírez
24/03/2026 | Cancún, Quintana Roo
Tras una batalla legal que se prolongó por casi dos años, las familias del fraccionamiento Urbi Villas del Rey, de Cancún, obtuvieron una victoria jurídica que podría transformar el panorama del desarrollo urbano en la entidad: el Tercer Tribunal Colegiado confirmó la sentencia dictada originalmente por el Juzgado Quinto de Distrito, la cual ordena la conclusión inmediata de las obras de infraestructura básica, específicamente en materia de agua potable y alcantarillado, que han mantenido a miles de ciudadanos viviendo entre riesgos sanitarios constantes.
"La verdad es que esta sentencia sí sienta un precedente muy importante, porque abre la puerta a que todos los ciudadanos se les respete su derecho a una vivienda digna, a una ciudad perfectamente bien adecuada, bien planeada, a tener servicios básicos, a adquirir una vivienda que cumpla con todas esas condiciones", resaltó Mónica Huerta, representante legal de la asociación Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS), en conferencia de prensa.
El fallo, emitido por el juez Alfonso Robles Cuétara, no solo beneficia a la familia que inició el proceso, sino que impacta directamente a más de 4 mil familias del fraccionamiento mencionado y establece una ruta para otros 150 desarrollos habitacionales en el estado que enfrentan problemáticas similares de falta de municipalización. La resolución establece que el derecho a una vivienda digna debe prevalecer sobre la expansión inmobiliaria descontrolada.
Mónica Huerta relató que reportes validados por la concesionaria Aguakan confirman que el cárcamo de bombeo es inoperante, provocando desbordamientos de desechos que contaminan el manto freático.
"Aguakan ya ha acreditado que el cárcamo no sirve, que hay un desbordamiento de aguas negras, que el manto freático se ha contaminado, que hay niños, incluso hay fotos, hay evidencias donde los niños juegan al aire libre percibiendo estos olores", denunció Víctor Guizasola, presidente del comité de vecinos propietarios.
La sentencia otorga a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Sustentable (Sedetus) la obligación de actuar. Si en un plazo de tres días la empresa no responde, el Estado debe ejecutar una fianza de 12 millones 777 mil 163 pesos para realizar las obras directamente en un plazo no mayor a seis meses.
Además, el juzgado advirtió que tanto la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, como la gobernadora, Mara Lezama, deben garantizar el cumplimiento del fallo, bajo riesgo de enfrentar separaciones del cargo o acciones penales por desacato.
Edición: Estefanía Cardeña
