Empresarios del Caribe Mexicano denuncian falta de reglamento de la ley de patrimonio cultural

El sector lamentó la suspensión de la Travesía Sagrada Maya de Grupo Xcaret
Foto: Juan Manuel Valdivia

El sector empresarial de Quintana Roo lamentó la suspensión de un evento como la Travesía Sagrada Maya de Grupo Xcaret, sobre todo porque podría significar un impacto a todo el Caribe Mexicano, que de una u otra forma tiene relación con la cultura maya. El problema principal, detalló, es la falta de reglamento de la ley de patrimonio cultural mexicano.

Este jueves Grupo Xcaret anunció la cancelación de la travesía de este año, al considerar que no existe certeza jurídica sobre cómo llevarla a cabo luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les impide utilizar símbolos de la cultura maya.

Carlos Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), expresó su profunda preocupación ante lo que consideró un vacío normativo que pone en riesgo no sólo a una empresa, sino a la identidad misma de la oferta turística nacional.

"En 2022 se publica una ley para proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, es una ley que tiene sentido en su esencia: retribuir un poco a estos pueblos indígenas sobre el uso del patrimonio cultural. Pero el problema que tenemos es que no está reglamentada", expuso.

Al no estar reglamentada, dijo, se da espacio para muchísimas interpretaciones diferentes y, por supuesto, para reclamaciones legales “que tienen al momento poco sustento, porque es muy difícil definir quiénes son los representantes legales de esos pueblos originarios”.

Consideró que la falta de un reglamento claro impide determinar quiénes son los interlocutores válidos para otorgar permisos o recibir retribuciones. Por ello, subrayó que este problema es sistémico, pues afecta la capacidad de los empresarios para sentarse a negociar con la Secretaría de Cultura y con los verdaderos representantes indígenas. 

Además, advirtió que, sin reglas precisas, cualquier actor podría ostentar una representación legal sin bases sólidas, lo que deriva en recursos jurídicos que frenan las operaciones turísticas y culturales de manera arbitraria.


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Edición: Estefanía Cardeña


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