Aplican Ley antilavado en Quintana Roo

En Quintana Roo se han realizado ya algunas revisiones administrativas relacionadas con la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con atención directa de la Unidad de Inteligencia Financiera de Quintana Roo (UIFQ), informó Fausto Darío Bañuelos Sánchez, integrante del Colegio de Contaduría Pública de Cancún.

"La gente lo sabe y lo entiende, pero esto es una ley administrativa, entonces requerimos un manual de cumplimiento, que es una de las obligaciones y para mí es la más relevante o natural, porque allí cada sujeto dice cómo dar cumplimiento a este marco. De cara a la sociedad es importante que quienes realizan actividades vulnerables sepan que el cumplimiento de estas obligaciones es muy necesario y los riesgos de no hacerlo son altos porque las multas, que es la primera sanción, llegan a ser millonarias", enfatizó.

De esta manera, dijo, se marca un precedente en la fiscalización de las actividades vulnerables en la región, especialmente en el sector inmobiliario y de servicios profesionales. El objetivo primordial de esta normativa es la protección del sistema financiero mediante la identificación de operaciones que pudieran involucrar recursos de origen ilícito. 

El enfoque actual en el estado es preventivo, en busca de que los sujetos obligados generen la materia prima informativa necesaria para que las autoridades realicen la persecución de delitos y esta vigilancia se mueve a la par de estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual México es integrante activo.

Estas medidas, aseveró, cobran fuerza en Quintana Roo porque una parte considerable de la población realiza actividades vulnerables y aún no está fiscalizada debidamente. Por ello, la colaboración entre el SAT federal y las instancias estatales busca descentralizar las verificaciones para asegurar que sectores como la construcción, la compraventa de metales preciosos y los servicios de fe pública cumplan con sus reportes periódicos.

Aunque uno de los sectores con mayor reto es el inmobiliario, donde muchos asesores desconocen que deben solicitar identificaciones y crear expedientes de clientes de manera obligatoria, cumplimiento que no es opcional, ni un simple trámite contable, sino una obligación administrativa que otorga seguridad jurídica a las transacciones. 

Y la omisión contempla sanciones severas, pero también ofrece una ventana de oportunidad para quienes decidan ponerse al día de forma voluntaria antes de una revisión formal.

Edición: Fernando Sierra