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La Jornada Maya
02/07/2026 | Cancún, Quintana Roo
Frente a las recientes versiones que acusan a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo de incurrir en un supuesto desacato judicial —llegando incluso a sugerir penas de cárcel—, la dependencia estatal defendió que la realidad jurídica y administrativa es otra y que actuó con estricto apego a derecho y ha dado cumplimiento total a la resolución judicial.
El origen de la controversia mediática fue, en realidad, una confusión administrativa respecto a los alcances técnicos de la sentencia. La Sema recibió la ejecutoria de un amparo indirecto del Juzgado Quinto de Distrito, la cual le requería dejar insubsistente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto San Mex, realizar el trámite de consulta pública y resolver lo conducente remitiendo las constancias respectivas.
Ante esta instrucción, el 8 de junio de 2026, la dependencia solicitó formalmente a la autoridad jurisdiccional que aclarara los efectos y consecuencias de la orden. Esta petición de certeza jurídica se debió a que el procedimiento de evaluación ya había concluido, derivando en el resolutivo SEMA/DS/SGPA/DIRA/1032/2025. Además, el juicio de amparo previamente se había sobreseído y nunca existió una suspensión provisional o definitiva sobre el acto reclamado. En términos llanos, la Sema únicamente necesitaba que se precisaran los alcances del fallo para poder darle el debido cumplimiento sin caer en contradicciones procesales.
Una vez desahogada esta consulta, el 25 de junio de 2026 el juzgado requirió de nueva cuenta a la secretaría, concediéndole un término de tres días para acatar el ordenamiento.
Con la claridad necesaria sobre la ruta jurídica, la autoridad estatal cumplió a cabalidad: dejó insubsistente el resolutivo SEMA/DS/SGPA/DIRA/1032/2025 relativo al proyecto San Mex y repuso el procedimiento administrativo para llevar a cabo la etapa de consulta pública, tal como lo marca la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Como paso final para transparentar el proceso, se notificó formalmente tanto al promovente del proyecto como a la parte quejosa en el juicio de amparo.
La dependencia aseguró mediante un comunicado que considera que el acceso a la justicia ambiental es un derecho innegable, pero utilizar el litigio estratégico para sembrar desinformación y lanzar amenazas mediáticas contra las autoridades no abona al estado de derecho. “Cualquier controversia, duda o exigencia ciudadana debería dirimirse siempre en los tribunales o por las vías institucionales correspondientes, priorizando el diálogo legal sobre el linchamiento público”, destacó.
Edición: Emilio Gómez
