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La Jornada Maya
10/11/2026 | Chetumal, QRoo
El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo puso en marcha esta semana la tercera fase de la primera etapa de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la incorporación de siete distritos judiciales: Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Kantunilkín e Isla Mujeres.
Con esta ampliación, el nuevo modelo de justicia civil y familiar llega a todo el estado y concluye la primera de las cuatro etapas previstas para su implementación, luego de las dos fases anteriores iniciadas el 1 de junio en Chetumal y Cancún, y el 7 de septiembre en Playa del Carmen.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden José Cebada Rivas, informó que la incorporación de los siete distritos se realizó considerando las características y necesidades de cada sede, mediante el aprovechamiento de estructuras jurisdiccionales existentes y la adecuación de recursos humanos, tecnológicos y materiales para garantizar su operación.
Como parte de esta reorganización, el órgano jurisdiccional de Tulum se transforma en Juzgado Mixto, cuya competencia permitirá atender también asuntos de otras materias, de acuerdo con las necesidades de la región.
Esta transformación representa un avance significativo para esta sede, que en apenas un año ha evolucionado a partir de los resultados positivos de su operación y la respuesta a las necesidades de impartición de justicia en el municipio.
En el caso de Bacalar, además de la materia civil y familiar, se incorpora también la competencia mercantil.
El magistrado presidente destacó que Quintana Roo cuenta con una ventaja importante para afrontar esta transformación: una trayectoria de 15 años en la implementación de la oralidad en los procesos judiciales, experiencia que ha permitido desarrollar capacidades institucionales, conocimientos técnicos y prácticas de trabajo que hoy sirven de base para avanzar hacia el nuevo modelo nacional.
Señaló que la transición representa una oportunidad para consolidar una justicia civil y familiar más accesible, con procedimientos que privilegian la oralidad, el contacto directo entre las personas juzgadoras y quienes participan en los procesos, así como una mayor transparencia en el desarrollo de las audiencias.
Edición: Ana Ordaz
