Sector hotelero no fue consultado para la ley de acceso a las playas

En el análisis de las modificaciones a la ley para permitir el acceso a las playas no fue tomado en cuenta el sector hotelero, concesionario de las costas y el resultado fue una legislación con vacíos, pues no establece cómo permitirán los particulares el acceso desde su propiedad. Esto además afecta un derecho fundamental, el de la propiedad privada, señaló David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum y de la comisión de Zona Federal Marítimo Terrestre de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).

El hotelero, junto al presidente nacional de la AMHM, Juan José Fernández Carrillo, dirigió una carta a Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, con diversas consideraciones en torno al decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, promulgada recientemente.

Entrevistado al respecto, mencionó: “Ellos no legislaron algo nuevo, ya existían leyes muy claras al respecto y quienes tenían que haber garantizado los accesos públicos a las playas no son los particulares, es algo que le compete por un lado a los municipios, el proveer estos accesos y a la Profepa garantizar que eso se respete”.

Dijo que en vez de impulsar una legislación que ayude realmente a resolver “le echan el problema a los particulares, lo hacen también a costa de que se vulnere un derecho, el de la propiedad privada, lo cual no afectará sólo a los hoteleros, sino a toda la población; ponen un derecho de disfrute de playas y recreación por encima de un derecho de propiedad. Ciertamente el reglamento da pie a una gran ambigüedad”.

Ortiz Mena se mostró a favor del libre acceso al mar, lo cual, aseveró, es un derecho que no debe negarse a los ciudadanos, pero “el texto no es claro, es ambiguo y va a resultar en un sinnúmero de abusos y controversias”. Consideró que en un estado cuya vocación es el turismo, como Quintana Roo, puntos como este deben estar mucho más precisos, además de que hay otros factores a considerar, como la regularización de la tenencia de la tierra.

La adecuación a la Ley General de Bienes Nacionales menciona en su artículo 127: “En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta ley”.

Los hoteleros mencionan que el decreto solo se ocupó de permitir el acceso irrestricto al litoral, pero perdió de vista la necesidad de incluir la implementación para crear la infraestructura que garantice la sustentabilidad tanto de las playas como de los accesos al mismo litoral, con baños, regaderas, vigilancia, estacionamientos, basureros, guardavidas etc.

“No debe pasar desapercibido que la mayoría de los particulares colindantes a la playa pagan derechos por el uso de la concesión y que tales derechos, según la ley, deben orientarse, entre otras cosas, a cuestiones relacionadas con la habilitación de accesos, vigilancia y limpieza por sargazo, por parte de las autoridades. En el caso específico de las playas de Quintana Roo esos recursos también pueden ocuparse en remediar la problemática planteada invirtiendo en habilitar accesos y hacer vigilancia para impedir abusos, los cuales fueron base de motivación para emitir el citado decreto”, mencionó el líder hotelero.

Edición: Laura Espejo