Frívola la recomendación

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya.


Cancún.- El gobierno de Roberto Borge Angulo hizo públicas sus razones para negarse a acatar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a la libertad de expresión contra el periodista maya Pedro Celestino Canché Herrera, liberado tras permanecer nueve meses en prisión.

En inserciones pagadas en los periódicos Por Esto! y La Razón –como ordenó el organismo uno estatal y otro nacional–, el consejero jurídico Raúl Enrique Labastida Mendoza señaló que la causa penal contra Canché Herrera ya quedó resuelta, por lo que “resulta frívola e improcedente la recomendación para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se desista de los cargos” contra el también activista.

También, desde su punto de vista, que es el del gobierno estatal, destacó que “resulta inconveniente, en razón del respeto a los derechos humanos, que el gobernador instruya a que se abra un procedimiento en el órgano interno de control de la PGJE por los abusos contra el comunicador maya”.

Sobre la petición de que Roberto Borge colabore en la denuncia que presentara la CNDH, el asesor legal del gobierno quintanarroense subraya que es obligación de las autoridades atender cualquier querella.

En cuanto a la indemnización, precisa que tiene que ser “tramitada y solventada”, e indica que “el mandatario no se va disculpar con la víctima porque esa figura no está en las leyes”, y considera que no se puede instalar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas porque “implica medidas unilaterales a comisiones en las que interactúan otros poderes.
En su recomendación 13/2015 –emitida el pasado 6 de mayo y notificada el 11 de ese mes– la CNDH solicitó al gobernador y a la PGJE desistirse de los cargos contra Pedro Canché, indemnizar al periodista y emitir una disculpa por los agravios cometidos.

También pidió a los funcionarios abstenerse de difundir mensajes para estigmatizar y denostar a periodistas, y que se impartan cursos de derechos humanos a los agentes del Ministerio Público del fuero común.

El organismo también recomendó al gobierno de Borge Angulo colaborar en la denuncia contra la agente del Ministerio Público de la Mesa de Homicidios de Felipe Carrillo Puerto, Tila Patricia Galera León, y otros funcionarios que cometieron irregularidades al proceder penalmente contra Pedro Canché, y que se inicie proceso administrativo contra aquellos.