Muchos tramites contra los arboles

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Foto: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS

22 de mayo 2015

Cancún

El exceso de trámites e incapacidad en oficinas gubernamentales para procesar en tiempo y forma la problemática forestal, impiden el crecimiento y desarrollo de las economías campesinas, desvela el estudio Sobrerregulación forestal: un obstáculo para el desarrollo sustentable de México, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

El artículo acusa una política forestal contradictoria: impulsa el aprovechamiento forestal como herramienta para el desarrollo y la conservación, y da preeminencia a programas que privilegian esquemas pasivos de conservación.

Sobre todo hay una regulación excesiva, redundante y onerosa como causante de la pérdida de impulso de la producción forestal comunitaria, lo que se hace evidente en los tres estados que componen la península del Mayab: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aunque podría aplicarse a prácticamente todo el país.
Y se toma como ejemplo el ejido 20 de Noviembre, en Calakmul, Campeche, donde el sector forestal está sujeto a la tramitología, que debe ser procesada por oficinas de gobierno que no tienen los recursos humanos ni materiales para hacerlo en tiempo y forma, y hay que agregar que las dependencias no están coordinadas, de tal manera que hay mucha redundancia.

El estudio presenta un sucinto repaso a las políticas forestales de los últimos 30 años, las que impiden el desarrollo del sector y lo mantienen en una crisis permanente, y explica las ventajas de impulsar el manejo forestal sustentable.

Medio centenar

El documento se presentó en el Foro Mundial Económico para América Latina 2015 (Riviera Maya, 6 al 8 de mayo) y advierte que en ocasiones los trámites para un permiso de aprovechamiento forestal llegan al medio centenar de pasos, obstaculizan la actividad de ejidos forestales, aumenta la vulnerabilidad de los bosques y entorpece los esfuerzos para mitigar el cambio climático.

Además de la duplicidad, el tiempo que toma cumplir cada requisito y las diversas instancias que intervienen en la revisión y autorización, los productores forestales enfrentan los costos económicos que provoca todo el proceso.

“La tardanza en la resolución contribuye, además, a hacer más oneroso el trámite, de por sí caro. Las comunidades y ejidos deben agregar al pago de impuestos y tasas que comparten con los contribuyentes, algunas especiales, como el pago de derechos por servicios ambientales, forestales y de vida silvestre, además de gastos asociados a la producción.”

Quintana Roo

Y pone como ejemplo el cumplimiento de trámites y pago de derechos de aprovechamiento de madera en la selva maya de Quintana Roo, que “tiene un costo anual promedio de más de 21 dólares por metro cúbico.

"Esto implica que 23 por ciento, casi la cuarta parte de los ingresos de las empresas forestales comunitarias de la región, se va en trámites y gestiones”, indica el documento.

A eso hay que añadir que cada paso debe hacerse en las sedes de las autoridades competentes, regularmente ubicadas en la capital de cada estado, con lo que los productores deben amortizar el costo de desplazarse centenares de kilómetros para realizarlos.

Los 65 millones de hectáreas de bosques que cubren la tercera parte del país tienen un fuerte potencial, que podría encontrar mercados locales, nacionales e internacionales, con distintas tasas de valor agregado.

“Desde la pulpa de celulosa o las varas para agricultura que ofrecen las comunidades de los bosques templados del país, y que se venden en mercados cercanos a las unidades productivas, hasta maderas preciosas que crecen en las selvas tropicales de los dos litorales mexicanos y que se destinan principalmente a la exportación.”

Es el caso del ejido 20 de noviembre, en el municipio de Calakmul, Campeche, donde el comisariado ejidal y el técnico forestal debieron trasladarse 300 kilómetros a la capital del estado, al menos una docena de veces para los trámites.

Avance rápido

El ejido 20 de Noviembre fue uno de los pioneros en manejo forestal comunitario en la península de Yucatán, y su trabajo en el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales contrasta con la deforestación que asuela los territorios forestales de la zona, donde los desarrollos turísticos y agroindustriales avanzan rápidamente sobre las selvas.
Sin embargo, desde hace tres años tramitan una serie de permisos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que no han sido renovados, lo que mantiene detenida la principal actividad económica del ejido: el aprovechamiento forestal.

El ejido se localiza en el municipio de Calakmul, en la frontera entre Campeche y Quintana Roo, y lleva 43 años dedicado al trabajo forestal, cuyo aprovechamiento aporta 80 por ciento del sustento económico para 67 ejidatarios y 500 habitantes.

Al respecto, la coordinadora del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) para el Sureste de México, Alejandra Serrano Pavón, señaló que en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Calakmul, se declaró el aprovechamiento forestal como actividad incompatible en la zona, pese a que se ha desarrollado por cuatro décadas.

Debido a ese “candado”, la Semarnat está impedida para expedir la autorización solicitada sin violentar el POEL.

La abogada ambiental consideró indispensable remediar ese tipo de esquemas que dejan fuera de la elaboración de los programas ecológicos a los ejidos, incorporándolos al proceso e incluyendo el concepto de “patrimonio biocultural” que reconoce las actividades como exitosas, sin imponer algunas cuyo origen es más urbano.

“Tenemos que ver a las comunidades forestales como una oportunidad económica por el número de hectáreas conservadas y aprovechadas sustentablemente, y no sólo centrarnos en el número de cuartos”, apuntó.

Trabas

La ausencia del permiso provocó que el ejido, que ha demostrado un adecuado manejo forestal, perdiera la certificación de la agrupación Rainforest Alliance y el dinero invertido, además de trámites y estudios y, por si fuera poco, se endeudaron con 1.5 millones de pesos para transportar madera, que se pagaría con el aprovechamiento del recurso.

Al respecto, el director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano, Sergio Madrid Zubirán, precisó que la política forestal actual atenta contra los bosques, selvas y las comunidades que viven de su aprovechamiento debido a una “visión que sataniza” el manejo forestal, pese a que tiene un potencial enorme.

“México ocupa el lugar 12 a nivel mundial en riqueza forestal y extensión, entre 250 países, pero en los últimos 15 años ha visto caer 35 por ciento la producción maderable, en buena parte por los excesivos trámites.

"El marco regulatorio es desfavorable debido a sus trámites, requisitos, restricciones y tiempos”, y sugirió una modificación de leyes para facilitar y agilizar el aprovechamiento forestal.

En el país hay 30,000 ejidos con título de propiedad, de los que 15,000 tienen bosques y selvas, y el derecho para aprovechar el recurso forestal.