Loros en el mercado

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

15 de mayo, 2105

Cancún

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un peritaje para identificar cinco loros cabeza amarilla (Amazona oratrix) que fueron asegurados en el popular Mercado 28.

La delegación de la dependencia en el estado informó que la persona que tenía a los ejemplares de vida silvestre en su poder fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), toda vez que pretendía vender las aves, de aproximadamente un mes de nacidas, a 300 pesos cada una.

Explicó que al realizar un recorrido de rutina, elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez detectaron en el Mercado 28 a un individuo que transportaba cinco loros de aproximadamente un mes de nacidos, los que pretendía vender.

En consecuencia, los elementos policiacos remitieron al Ministerio Público Federal al sujeto que transportaba las aves; posteriormente, la representación social federal solicitó el apoyo de los inspectores de la Profepa adscritos a la entidad para que identificaran a los loros.

Los animales quedaron bajo resguardo de la Profepa y serán trasladados a la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) ubicada en Puerto Morelos para que reciban atención médica, ya que por su corta edad y el manejo inadecuado al que fueron sometidos, su estado de salud es débil.

El loro cabeza amarilla está enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría “en peligro de extinción”.

Además, ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido (loros, pericos y guacamayas), cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.

Es decir, por ser especies catalogadas en situación de riesgo, está prohibida su extracción del medio silvestre, así como la posesión y su comercio.
El artículo 420 fracción cuarta del Código Penal Federal establece que el tráfico ilegal de ejemplares es un delito que se castiga con pena de uno a nueve años de prisión, y el equivalente de 300 a tres mil días de multa, y se aplica una pena adicional de hasta tres años más de prisión y hasta mil días adicionales, cuando haya fines comerciales.