Carlos Águila Arreola

Cancún

6 de mayo 2015

El gobierno estatal no aguantó la presión social de la ong’s de corte nacional e internacional, y la tarde del martes liberó a Alfredo Esquivel y Cab y Teresa Brito Piña, los líderes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) del municipio de Felipe Carrillo Puerto… y ya sólo falta que Pedro Celestino Canché Herrera recupere su libertad.

Además, libró al juez penal del municipio carrilloportense, Javier Ruiz Ortega, de ser encarcelado porque estuvo en desacato hasta en dos ocasiones –por órdenes del gobernador Roberto Borge Ángulo– después que un juez federal ordenó corregir su dictamen en dos ocasiones y, por ende, cancelar la acción penal contra los liberados.

El Juzgado Sexto de Distrito inició un procedimiento contra Javier Ruiz Ortega ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el que se establece que podría ser separado de su cargo e incluso consignado por el delito de incumplimiento de sentencia.

El 30 de agosto de 2014, los líderes del Cocopo fueron encarcelados, acusados por el gobierno del estado (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado / capa) por el “delito de sabotaje” y obstrucción de un edificio del servicio público tras tomar la dependencia encargada del agua potable, por el alza de tarifas e instalación de medidores domiciliarios.

Ayer, alrededor de las seis de la tarde, y luego de más de ocho meses en prisión y un largo y amañado proceso legal para mantenerlos en prisión pese a la falta de pruebas, abandonaron la cárcel cuando el juez penal local ya no tuvo elementos para probar los cargos de sabotaje, confirmaron fuentes del caso.

Esquivel y Cab y Brito Piña fueron encarcelados cuando el gobierno de Roberto Borge Angulo los detuvo bajo cargos de supuesto sabotaje por encabezar una manifestación que durante casi una semana mantuvo bloqueada las oficinas de la capa en reclamo por el incremento en los costos del servicio.

Durante el proceso legal, el juez penal de primera instancia Javier Ruiz Ortega ratificó en tres ocasiones la formal prisión por “sabotaje”, a pesar de que el encargado del juzgado sexto de distrito, Reynaldo Pinón Rangel había determinado que el funcionario había incurrido en inejecución de sentencia, por lo que le ordenaba corregir su fallo y liberar a los activistas.

Lo que comenzó como una lucha social con mítines y caminatas de los usuarios ante el incremento de tarifas y la imposición de medidores de agua en la zona maya, se convirtió en el Cocopo, liderado por el abogado Alfredo Esquivel y Cab y Teresa Brito Piña, secretaria de Finanzas del Comité Municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ayer, quienes son considerados presos políticos del gobernador Roberto Borge, quedaron en libertad, y tras cumplir el procedimiento de firma, José Esquivel y Cab se abstuvo de declarar: “Sin comentarios, sin comentarios”, mientras que Teresa Brito Piña dijo que “sólo quisiera vivir tranquila y feliz con mi familia”.

El activista maya Pedro Celestino Canché Herrera, también fue detenido bajo los mismos cargos, sigue preso, también pese a falta de pruebas y las denuncias y peticiones de organismos defensores de derechos humanos y periodistas a nivel nacional e internacional, en un caso que se ha vuelto emblemático de la represión del gobierno de Quintana Roo.

Los organismos que exigen la liberación del comunicador maya son Artículo 19, Freedom House, Centro de Comunicación Social (Cencos), Comité para la Protección de los Periodistas, Global Voices, Periodistas de a pie, Reporteros sin Fronteras y Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).


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