Censura de voz crítica

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún
4 de mayo, 2015

Pedro Canché Herrera cumple ochos meses internado en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto por haber denunciado las injusticias cometida contra la etnia maya y por enfrentar al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo. Siete organizaciones civiles coinciden en que se trata de “un acto de venganza del Ejecutivo estatal contra el también periodista por atreverse a encararlo”. Artículo 19, Freedom House, el Centro de Comunicación Social (CENCOS), el Comité para la Protección de los Periodistas, Global Voices, Periodistas de a Pie y Reporteros sin Fronteras sostienen que “las pruebas presentadas contra el activista no coinciden con los hechos ni demuestran su culpabilidad”. Las organizaciones recordaron que el 24 de febrero el juez sexto del distrito de Quintana Roo, Reynaldo Piñón Rangel reconoció arbitrariedades en el caso así como violaciones a los derechos humanos y fallas en el debido proceso”. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) envió una carta al presidente mexicano Enrique Peña Nieto el 20 de abril pidiendo la liberación de Canché Herrera. Agregan que “en la resolución, el gobierno de Roberto Borge no acredita el delito de sabotaje o que el periodista tuviera intención de trastornar gravemente la vida natural y económica del municipio”, como sostiene la Consejería Jurídica del gobierno estatal. Las organizaciones sostienen que el encarcelamiento del comunicador es arbitrario por las críticas que Pedro Canché hizo contra el gobernador de Quintana Roo. En suma, las organizaciones le piden al juez estatal que agilice su resolución sobre el caso de forma imparcial y transparente, al gobierno de Quintana Roo que libere al periodista debido a las graves violaciones de las garantías en el debido proceso y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emita una recomendación inmediata debido a las claras violaciones de los derechos humanos de Pedro Canché.

En tanto, el juez penal de Felipe Carrillo Puerto, Javier Ruiz Ortega, sólo necesitó 24 horas para ratificar por tercera ocasión el auto de formal prisión por el delito de sabotaje contra los líderes del Consejo de Colonias Populares (COCOPCO), Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, pese a que un juez federal ordenó corregir su dictamen. La defensa de los acusados ha ganado amparos para cada uno, pero Ruiz Ortega insiste en mantenerlos en la cárcel y continuar el juicio sin contar con las pruebas que acrediten el supuesto sabotaje. El pasado 15 de abril, el encargado del juzgado sexto de distrito, Reynaldo Piñón Rangel, determinó que el juez penal de Carrillo Puerto incurrió en inejecución de sentencia y le ordenó corregir su fallo de formal prisión contra Esquivel y Cab y Brito Piña –ésta también secretaria de Finanzas del Comité Municipal del Partido Movimiento Regeneración Nacional ( Morena)–, quienes encabezaron protestas por el aumento de tarifa por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la zona maya.