Joana Maldonado
Foto tomada de www.vipsaesa.com
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 11 de noviembre, 2016

Al término de una nueva comparecencia del Director de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C.V, Carlos Alberto Acosta, ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del estado, se determinó analizar jurídicamente lo que podría derivar en una denuncia penal contra los miembros del Consejo Administrativo, por malversación de recursos dada la inexistencia de facturas soportadas por el millonario servicio de vuelos privados en el que el gobierno de Roberto Borge Angulo, gastó más de mil 100 millones de pesos de 2011 a 2016.

Sin mayor aportación de datos, sobre los 319 millones de pesos y más de 40 millones de dólares por el pago de 90 mil pesos la hora de vuelo a 22 empresas de servicios aéreos privados, el titular de VIP Saesa, se presentó ante unos desvelados diputados que le cuestionaron en menor medida.

El propio presidente de la Comisión de Hacienda de la XV Legislatura, el diputado perredista Emiliano Ramos, afirmó que en esta última comparecencia no se arrojó ningún dato nuevo y aún no se informa quiénes eran los pasajeros que hacían uso de vuelos privados, de los que incluso había un contrato de privacidad.

“La duda se mantiene, me parece que esta Comisión ya debe definir de manera responsable la ruta de lo que sigue, deslindar responsabilidades, de si será a través de la Auditoría del estado, o a través de la Gestión Pública o si existen posibilidades de presentar una denuncia penal, tenemos que ver, la información es suficiente”, señaló .

Admitió que no se pudo obtener ninguna información probatoria, pero con lo que se cuenta al momento, se pueden acreditar las irregularidades para atribuir responsabilidades hacia los miembros del Consejo Administrativo que encabezaba el gobernador Roberto Borge y que comprendía al entonces Secretario de gobierno, Román Quián y al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo.

Lo consiguiente, agregó, será trabajar con el equipo jurídico del Congreso para definir la ruta legal, al no contar con facturas soportadas, con orden y asignación de servicio.

“Hay elementos mínimos establecidos en las leyes administrativas para la contratación de servicios que son pagados con cargo al erario, de entrada las facturas no vienen soportadas, y esos contratos millonarios implican un número de vuelos que no sabemos si son reales, ellos están obligados a acreditar que se prestó el servicio, pero con facturas simples no se puede, pienso que emitían facturas con servicios no prestados solo para sacar dinero”, acusó Emiliano Ramos,

En respuesta, el Director de VIP Saesa, afirmó que ni la Auditoría Superior, ni las Legislaturas pasadas, hicieron observaciones a las Cuentas Públicas, que fueron aprobadas regularmente sin mayor inconveniente. Además señaló al entonces secretario particular de Roberto Borge, Manuel Marrufo, de haber sido la persona que regularmente solicitada los vuelos, incluso minutos antes de requerir el servicio.

“La empresa era auxiliar y administrador, eran instrucciones del Ejecutivo a través del privado, para los elementos de la empresa, para facturar estaba para la Secretaría de Hacienda, y nunca fuimos requeridos por alguna autoridad”, expresó Carlos Alberto Acosta.

El diputado resolvió que dichas autoridades omitieron observaciones en todas las dependencias, pese a los desastres financieros que salen a la luz en la actualidad.

“Para ellos todo era maravilloso, pero hay que decirlo, está pendiente la cuenta pública 2016 de VIP Saesa, que hasta donde sabemos no ha sido entregada”.

Insistió en que hay elementos para iniciar procedimientos en contra del Consejo de Administración, que pueden resolverse a través de la revisión de las cuentas públicas pasadas.

“Tengan la seguridad que estaremos dando con los responsables, hoy terminan las comparecencias del titular de VIP Saesa, pero no concluye el procedimiento, inicia. Veremos qué impulsar para que quienes son responsables, sean castigados”, reiteró.


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