Carlos Águila Arreola
Foto: La Jornada
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Miércoles 5 de septiembre, 2016
El colectivo Semillas Much’ Kanan I’inaj y el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar denunciaron que, tanto el juzgado sexto de distrito (Chetumal) y el tercer tribunal colegiado (Cancún), retrasan la acción de la justicia para la cancelación definitiva del permiso de siembra de soya transgénica, otorgado a la trasnacional Monsanto.
Desde el año 2012, representantes del pueblo maya de los tres estados de la península (Campeche, Yucatán y Quintana Roo), han interpuesto demandas de amparo contra el permiso que otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para sembrar soya genéticamente alterada en un polígono de 253 mil 500 hectáreas, que abarca otros estados del país.
El colectivo comunicó que el otorgamiento autorizado por el Estado mexicano a Monsanto, para el cultivo en fase comercial de soya modificada tolerante al glifosato –herbicida de amplio espectro para eliminación de hierbas y arbustos– “mantiene en grave riesgo la integridad de los habitantes de las comunidades, y el medio ambiente”.
Al mismo tiempo, señalaron que han encontrado vicios en el proceso que se anteponen a los argumentos técnicos de las comisiones nacionales para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y del Instituto Nacional de Ecología (INE), que recomendaron no otorgar el permiso; sin embargo, “sus dictámenes fueron desechados porque afectaban intereses económicos y políticos”.
Los indígenas mayas de la península de Yucatán señalan que el modelo agroindustrial implica devastación de montes, acabando de raíz con la flora y fauna; el monocultivo de semillas patentadase genera pérdida de la soberanía alimentaria y de la autonomía de esos pueblos, erosión de suelos, y uso indiscriminado de grandes cantidades de pesticidas químicos, que matan muchas especies vegetales y animales nativas, la contaminación de los mantos freáticos y la contaminación del aire; por lo que “damos puntual seguimiento al amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exigimos respeto, así como la cancelación definitiva el permiso otorgado a Monsanto.
La asociación civil DMAS señaló que la decisión representa un paso relevante para la protección de las comunidades
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