Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes, 27 de septiembre, 2016
El recién nombrado titular de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra), Jorge Portilla Manica, advirtió que se mantendrán los operativos contra los vehículos de Uber, toda vez que violentan la Ley de Transporte vigente en el estado.
El funcionario descartó que de momento se proyecten reformas a dicha Ley, por lo que se hará efectiva la actual reformada en el 2015, que impide dar un servicio de transporte público sin concesión.
“Estaremos actuando de acuerdo a la Ley, al artículo 31 bis de la Ley de Transporte, y salvaguardando los derechos de nuestros amigos taxistas que el día de hoy han reclamado justamente esa situación”, manifestó.
Adelantó que sostendrán diálogo con el gremio de taxistas, para brindar certeza de que se salvaguardará el patrimonio y evitar conflictos o actos de violencia como ha ocurrido en el estado de Yucatán.
Mientras la Ley esté vigente, agregó, las puertas en Quintana Roo están cerradas a Uber, la que consideró “una empresa fantasma” aunque interpongan recursos legales. “Mientras esté la Ley la seguiremos aplicando como tal. Seguirán los operativos con apego a la Ley, sin transgredirla. Veremos con los sindicatos que no haya actos violentos”.
En relación a las concesiones de taxis ruleteros que la pasada administración entregó en promedio entre 9 y diez semanalmente, haciendo un total de 2 mil 861, Portilla Manica expresó que la entrega discrecional de placas se detendrá.
“Uno de los compromisos de campaña fue de que se acabaron los recomendados y de aquí en adelante no habrá recomendados. Las placas serán de quien las trabaja. Vamos a revisar cómo están dadas las concesiones, quiénes las están trabajando y hacia dónde vamos, porque deben de ser de las personas que están tras el volante y se las ganan con su trabajo”, precisó.
Sobre la manifestación de taxistas en la región sur-sureste del país, programada para este día, indicó que en tanto que sea pacífica y no transgreda la Ley, el gobierno será respetuoso.
Por ahora, cada establecimiento determinará si decide elevar sus precios ante carestía
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