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La Jornada Maya
19/08/2026 | Mérida
El Consejo Maya Peninsular por la Autonomía rechazó avalar la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el proceso de consulta impulsado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no cumple con los estándares de una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
En un pronunciamiento difundido por el colectivo Comunidades por la Autonomía, organizaciones y representantes comunitarios de la península de Yucatán calificaron el proceso como una “simulación” y advirtieron que no permitirán que su participación sea utilizada como respaldo a una propuesta que, sostienen, no representa los intereses de los pueblos indígenas.
El posicionamiento surge luego de las reuniones realizadas en Izamal y Valladolid el pasado domingo 16 de agosto, que forman parte del proceso de consulta nacional sobre la iniciativa. De acuerdo con el documento, a estos encuentros no fueron convocadas todas las autoridades indígenas, concejos comunitarios ni liderazgos comunitarios no partidistas.
El Consejo Maya Peninsular cuestionó además que representantes municipales hayan tenido participación en las mesas de trabajo bajo el argumento de contar con el aval del INPI, pues sostuvo que los comisarios ejidales y municipales no sustituyen a las autoridades indígenas ni representan a las comunidades en su conjunto.
La consulta comenzó en julio de 2026 y contempla 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo para recoger las opiniones de 16 mil 728 comunidades, 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Las organizaciones cuestionaron que el proceso se realice sobre una propuesta previamente redactada por el gobierno y que sean las propias instituciones promotoras las encargadas de sistematizar las opiniones y determinar cómo serán incorporadas.
“Esto no es una consulta. Es una simulación”, señala el documento.
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el derecho a la consulta que establecería la propia ley. Las comunidades advierten que la iniciativa otorgaría a la Segob y al INPI facultades para determinar cuándo un proyecto genera un “impacto significativo” y, por tanto, cuándo sería necesario consultar a los pueblos.
A juicio de las organizaciones, esto podría limitar en los hechos el derecho de las comunidades a participar en decisiones relacionadas con sus territorios.
“Ratificar este texto sería firmar nuestra propia renuncia. ¡No lo vamos a hacer!”, expresaron.
En el caso de la península, el Consejo Maya relacionó esta preocupación con conflictos y proyectos que afectan al territorio, entre ellos las granjas porcícolas, la agroindustria, los megaproyectos, el desarrollo inmobiliario, el Tren Maya y las amenazas que enfrentan el agua y los cenotes.
El colectivo sostuvo que una legislación que deje en manos del Estado la definición de qué constituye un “impacto significativo” podría convertirse en una vía para reducir las posibilidades de las comunidades de oponerse a proyectos que consideren perjudiciales para sus territorios.
Entre sus principales demandas, las organizaciones exigieron que la consulta actualmente en curso no sea reconocida como una Consulta Previa, Libre e Informada; que el proceso sea rediseñado con participación de los pueblos, tiempos suficientes y traducción a sus lenguas; y que se realice a través de sus propias autoridades y asambleas.
También pidieron eliminar de la propuesta las denominadas “áreas estratégicas” y el criterio de “impacto significativo” como filtros para acceder al derecho a la consulta, además de establecer que ésta sea vinculante e incluya el derecho de los pueblos a otorgar o negar su consentimiento.
El pronunciamiento plantea asimismo modificar los artículos 30 y 31 para evitar que el reconocimiento de un pueblo indígena dependa del INPI o del Catálogo Nacional, ampliar el amparo indígena y reconocer expresamente las formas de organización y autogobierno de los pueblos de la península.
Las comunidades también demandaron que los derechos reconocidos en la legislación estén acompañados de presupuesto etiquetado y directo, en lugar de establecer que su aplicación no implicará nuevos recursos.
El Consejo Maya Peninsular por la Autonomía está integrado, de acuerdo con el documento, por representantes de Isla Aguada, Isla Arena, Ich Ek, Ixil, Telchaquillo y El Cuyo, así como por el Concejo Indígena Comunitario de San Francisco Suc Tuc, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté de Chichén Itzá, Comunidades por la Autonomía y Fundación Indígenas 3D.
“Las comunidades mayas de la península de Yucatán no vamos a avalar una consulta simulada”, concluyeron.
