Malecón Tajamar

La Jornada Maya
Carlos Águila Arreola

11 de abril, 2016

Cancún. Q. Roo

La asociación civil La Tierra, nuestra casa presentó dos demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación por la comisión de los presuntos delitos de devastación ambiental y atentado a la ecología, en un predio ubicado en el kilómetro 28 de la Zona Hotelera don la víspera se detectó corte de manglar y relleno de un cuerpo de agua.

Carlos Gamboa Villarreal, el mismo ciudadano que obtuvo la suspensión definitiva 74/2016-E-10 del juzgado quinto de distrito, que impide remover vegetación y animales en Malecón Tajamar, informó que el predio, ubicado en el kilómetro 28 del bulevar Kukulcán, en la tercera etapa de la Zona Hotelera, también forma parte del Sistema Lagunar Nichupté.

En entrevista, añadió que en esta ocasión el ecocidio alcanza varias hectáreas de manglar que fueron removidos en un sitio clasificado como Ramsar, convención internacional que protege los hábitats de aves acuáticas y que actualmente incluye más de mil 900 lugares que cubren un área de un millón 900 mil kilómetros cuadrados alrededor del mundo.

“Estamos hablando como de unas tres, cuatro hectáreas de manglar que fueron devastadas; estoy metiendo dos demandas de amparo para proceder contra los responsables y estamos hablando de un humedal que está protegido por la Ley federal de Vida Silvestre y la Fauna.”
Señaló que hasta el momento sigue sin ser identificado el propietario del predio, y que en el ayuntamiento de Benito Juárez dicen que no hay registro del terreno, mientras que ya se investiga en las dependencias federales si hay los permisos correspondientes.

Refirió que al llegar, alrededor de las dos de la tarde del domingo, “sorprendimos un camión y pedí a la policía municipal que lo retuvieran, que les pidieran la información de quién es el dueño de los camiones, aproximadamente a los 20 minutos llegó el dueño de los volquetes y le comenté que queríamos ver quién es el dueño y los permisos”, comentó.

Gamboa Villarreal explicó que el propietario de los vehículos –que pertenecen al Sindicato Bonfil –aún se desconoce a qué central obrera pertenece– sólo refirió que fueron contratados por fuera sin saber quién es el dueño del predio, y aceptó detener las actividades.