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Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún
8 de enero, 2016

La corrupción de funcionarios, consultores ambientales, desarrolladores y hoteleros tendrá costos económicos, pesqueros y ambientales altísimos para el país por el caso de Malecón Tajamar, acusan y alertan especialistas.

La bióloga Beatriz Eugenia Andrade Ramos, ex directora municipal de Ecología en Benito Juárez, reveló a La Jornada Maya que los permisos ambientales se obtienen de manera ilegal, con una danza de dinero por debajo del agua.

“Hay manipulación de consultores biólogos, por parte de funcionarios que los han corrompido. Los estudios de impacto ambiental, incluso el de Fonatur, no cumplen, son simples trámites y procedimientos, porque ya están cooptados por los mismos abogados”, acusó la activista.

La también ex consultora se autocuestionó en el sentido de qué deja más a una bióloga, y se respondió: un proyecto polémico porque van a pagar más. No les interesa lo que se determine técnicamente, sino que el proyecto se autorice.

En tanto, Ezequiel Ezcurra, profesor en Ecología de la Universidad de California, lamentó que la devastación sólo se aborde desde un punto de vista monetario, pues el tema de los manglares y costas es uno de los nuevos paradigmas del siglo XXI, y ratificó la visión de la bióloga Andrade Ramos.

“Si ve la manifestación de impacto que presentó Fonatur para la autorización, le puedo asegurar, con los ojos cerrados, que seguramente no reúne las características técnicas mínimas para justificar una aprobación. Nada más con ver la fauna muerta que mostraron los ecologistas de Cancún, le puedo decir con certeza que la MIA no estuvo bien hecha.”

El especialista advirtió que si no hay manglares, las costas quedan inermes y cada vez que entre un huracán o una tormenta tropical, los daños son inmensos y normalmente los tiene que cubrir el gobierno federal; es decir, los cubrimos todos los que pagamos impuestos.

“Cada hectárea de manglar rojo, como la que se devastó en Cancún, produce en pesquerías de mar abierto 37 mil dólares al año, eso es básicamente por especies pesqueras. El valor de esa tierra en términos de servicios pesqueros es de entre 650 mil y 700 mil dólares al año,”, señaló.

El ex presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE) añadió que, al considerar sólo las 22 hectáreas recientemente destruidas, serían 14 o 15 millones de dólares en daño patrimonial para la nación, pues allí se reproducen cerca de 70 por ciento de las especies pesqueras que más se comercializan en el país.

Y en el tema ambiental, Ezequiel Ezcurra señaló que la costa de Quintana Roo captura más carbono que el total de emisiones anuales del país, y en el contexto del cambio climático es inmenso: si se talan los manglares, toda esa emisión va a la atmósfera y México no puede cumplir el compromiso internacional de reducir esas expulsiones.

Sin embargo, para Gonzalo Merediz Alonso, director de la asociación Civil “Amigos de Sian Ka’an”, el verdadero problema es el modelo de desarrollo ya inviable y conocido como de sol y playa, establecido hace más de 40 años por el Fonatur, “que destruye a un costo ambiental y social demasiado alto porque devasta las costas a velocidad muy avanzada, y que deja “mucho dinero a pocos y grandes pérdidas a la nación”.

“Es un fenómeno lógico en una costa que se está desarrollando a la velocidad con la que se ha desarrollado Quintana Roo. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es cuánto más podemos darnos el lujo transformar”, alertó.

El modelo al que se refiere el ambientalista es el que se ha venido replicando en Acapulco, Huatulco, Cancún y Los Cabos, por lo que hizo otra pregunta: si ya sabemos cuánto beneficio económico generan los ecosistemas intactos es, ¿hasta cuándo vamos a dar un giro de 180 grados al modelo de desarrollo costero en México?”.


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