Carlos Águila Arreola
Foto: Airbnb
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 29 de noviembre, 2018

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos administrativos contra Airbnb y Booking, toda vez que ambos proveedores de servicios de alojamiento cometieron diversas infracciones la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), dio a conocer Xavier de Jesús Rosado Martínez, titular de la dependencia.

El organismo también dio inicio a acciones para determinar la presunta violación de las disposiciones legales por parte de Homeaway (mercado de alquiler de vacaciones).

En el caso de Airbnb, Rosado Martínez indicó que se inició el procedimiento por afirmaciones contrarias a lo establecido en los términos de servicio localizados en su página de internet, lo que constituye una violación al artículo 32 de la LFPC.

“En su publicidad, el proveedor señala que presta servicios de reserva de alojamientos y experiencias especiales, de calidad y confort verificados; sin embargo, en sus términos de servicio se deslinda de cualquier responsabilidad legal”, expuso.

Airbnb establece que “no” crea, vende, suministra, revende, controla, gestiona, ofrece, entrega ni presta ningún anuncio ni servicio de anfitrión, y los responsables de la prestación del servicio son sus socios comerciales denominados anfitriones, explicó.

La Profeco indicó que en su publicidad, Airbnb se refiere a las comisiones más bajas del mercado, de tres a cinco por ciento, pero en sus términos y condiciones establece porcentajes diferentes a los señalados, que van del tres y hasta el 20 por ciento por el servicio de intermediación que presta. Ese proveedor también viola el artículo 76 Bis fracción III, al no señalar domicilio físico y teléfonos en el territorio nacional, a efecto de que los consumidores tengan fácil acceso para presentar alguna reclamación o solicitar aclaraciones.

La Profeco inició otro procedimiento contra Booking, al considerar que establece cláusulas abusivas para deslindar de cualquier responsabilidad legal que se derive de la prestación de los servicios que comercializa.

Además, el proveedor establece prestaciones desproporcionadas e inequitativas, como la renuncia a la jurisdicción de los tribunales mexicanos, por lo que somete a los consumidores a la legislación holandesa y a la competencia de los tribunales competentes en Ámsterdam, en los Países Bajos, una violación.


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