Autoridades no quieren un transporte de primer mundo: Uber

Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 9 de julio, 2018

Mientras Uber advierte que no reanudará operaciones en Quintana Roo en tanto las reformas a la Ley de Movilidad presentadas por el Ejecutivo ante el Congreso del Estado no sean aprobadas; en sesión de comisiones en el parlamento, se aprobó el dictamen que sería avalada en el Pleno este martes en periodo extraordinario.

El director general de Uber en México, Federico Ranero se presentó a las afueras del Congreso del Estado este lunes temprano para dar lectura a un comunicado en donde advierte que de aprobarse estas reformas, están en riesgo “las ganancias de más de cinco mil familias y a la opción de movilidad de más de 130 mil personas”.

Pareciera que las autoridades al ceder la presión de ciertos grupos de poder, al poner primero la opinión de una minoría quisiera no estar a la altura de esta regulación que permita que Quintana Roo tenga un transporte de primer mundo, consideró el director general de Uber en México, al advertir que de aprobarse las reformas presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Movilidad, la empresa no reanudará actividades en el estado.

“Pasaron más de 150 días después de nuestra suspensión antes de que se publicara una nueva Ley de Movilidad que contemplara a las Empresas de Redes de Transporte. Con ella, el Gobierno de Quintana Roo dio un paso hacia adelante pues no solo contempla a las ERT, sino que atinadamente reconoce a las Empresas de Redes de Transporte y a quienes ofrecen su servicio a través de ellas; sin embargo, la presión ejercida por ciertos grupos de poder pareciera pesar más que la voz y solicitud de la propia ciudadanía por tener una opción de movilidad segura, eficiente y accesible, pues el Gobierno está por dar marcha atrás a lo ya avanzado”, dijo.

Federico Ranero anticipó que durante la sesión de periodo extraordinario, la XV Legislatura discutirá una serie de reformas a la Ley de Movilidad “que representan un retroceso al limitar drásticamente las operaciones de las empresas de Redes de Transporte en el estado”.

“Por favor, no demos marcha atrás, aprovechemos los beneficios que la tecnología brinda a la calidad de vida de las personas(...). Abramos las puertas de la innovación, trabajemos de mano a largo plazo (...)", expresó.

Abundó en que la reforma preocupa porque califica a Uber como una empresa de transporte público que debe operar bajo un modelo de concesiones, pese a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y la Suprema Corte de Justicia, han reconocido a Uber como una empresa que se debe regular de manera distinta.

Enumeró que la Cofece emitió una serie de comentarios relevantes a estas reformas, particularmente sobre dos puntos: el primero con relación a la definición de las empresas de Redes de Transporte, como una nueva categoría distinta a la de los servicios de transporte de pasajeros; además de los requisitos que deberán cumplir los prestadores del servicio de transporte quienes no deberán sujetarse a trámites adicionales como concesiones por vehículo y conductor “que podrían representar un retraso en la creación de oferta y que podrían inhibir la innovación”.

Añadió que las concesiones implicarían costos prohibitivos que se aproveche la flexibilidad de la plataforma, más del 65 por ciento de los socios complementaban sus ingresos, el poner estos requisitos lo haría imposible, y limitaría la oferta para proveer este servicio.

[b]Comisiones de Transportes y Puntos Legislativos aprueban dictamen[/b]

Pese a ese llamado, en el seno de las Comisiones Unidas de Transportes, y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, fue dictaminada la iniciativa que presentó el titular del Poder Ejecutivo en relación a reformar la Ley de Movilidad.

La iniciativa presentada, plantea clasificar el servicio de transporte que se contrate a través de plataformas tecnológicas o digitales, como un servicio público considerándolo así de utilidad pública e interés general y en consecuencia reconocer la obligación del estado de proporcionarlo, mediante concesiones.

En el documento remitido por el gobernador Carlos Joaquín, se plantea establecer que aún cuando este servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas se clasifique como un servicio público, no será equiparable con el marco regulatorio aplicable a otros servicios de transporte de pasajeros como el de taxi.

También pide establecer que la vigencia de las concesiones para el servicio público de transporte sea indefinida, pero no será aplicable para el caso del servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales.