La Jornada Maya
Foto: Cortesía
Quintana Roo
Lunes 7 de mayo, 2018
El Poder Legislativo avaló el informe de diversas cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2016, entre ellas la de la Fiscalía General que durante el tiempo de Carlos Arturo Álvarez Escalera presenta observaciones no solventadas por 10 millones 655 mil 965.35 pesos de un presupuesto total ejercido de 278 millones 260 mil 225.55 pesos. La XV Legislatura ordenó a la Auditoría Superior, iniciar procedimientos de fincamiento de responsabilidades.
Durante la sesión de este lunes, los diputados aprobaron los dictámenes de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2016 de tres órganos autónomos y de tres instituciones educativas.
En relación a la cuenta pública 2016 de la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado detectó presuntos daños y perjuicios al patrimonio en materia financiera por un importe de 10 millones 655 mil 965 pesos, en el rubro de servicios personales.
Según el informe de resultados de la cuenta pública, la Auditoría Superior identificó recibos de nómina menores a lo transferido a las cuentas de banco de los beneficiarios y a su vez. En virtud de que dichas observaciones no fueron solventadas en tiempo y forma, la XV Legislatura instruyó a la Auditoría Superior del Estado, a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y en su caso, a la aplicación de las sanciones pecuniarias a que haya lugar.
En el caso de la cuenta pública 2016 del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, se realizaron cinco recomendaciones para el fortalecimiento del Control Interno, mismos que fueron atendidas en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la misma.
Durante la revisión de la cuenta pública 2016 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, se hicieron observaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión de cada auditoría, las cuales fueron solventadas mediante la presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican.
Respecto a la revisión de la cuenta pública 2016 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se detectaron presuntos daños y perjuicios al patrimonio por un importe de 118 mil 440 pesos en materia financiera. Asimismo, se detectaron inconsistencias y deficiencias administrativas, de control interno que derivó que la Auditoría Superior del Estado promoviera siete recomendaciones.
En el caso de la cuenta pública 2016 del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, únicamente se hizo una recomendación para el fortalecimiento del Control Interno, mientras que las aclaraciones realizadas respecto a las operaciones financieras fueron atendidas en su totalidad y de manera oportuna con la presentación de documentos que técnicamente las comprueban.
Por último, en lo que se refiere a la revisión de la cuenta pública 2016 del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), únicamente se detectaron inconsistencias y deficiencias administrativas que derivaron en cuatro recomendaciones para el fortalecimiento del Control Interno emitidas por la Auditoría Superior del Estado.
El Pleno Legislativo dio lectura a una iniciativa para adicionar unos artículos a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, presentada por el diputado Alberto Vado Morales, en la que se propone establecer la regulación, promoción, organización e incentivación para la cosecha de agua de lluvia en las zonas urbanas y rurales, así como para la planeación y armonización de las políticas públicas en materia de aprovechamiento de recursos hídricos y cosecha de agua.
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