Gobierno rechaza acuerdo del PDU de Lázaro Cárdenas

La Jornada Maya
Foto: Eduardo de Luna

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 20 de abril, 2018

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no avaló ni consintió el acuerdo del Cabildo del municipio de Lázaro Cárdenas del 17 de diciembre del 2017, en el que se aprueban el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Solferino y el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Lázaro Cárdenas.

La administración estatal refrendó el compromiso adquirido con la federación de transitar a la publicación del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam como la herramienta jurídica vinculante en la planeación territorial al interior de dicha zona.

Reconociendo en este instrumento y en la autoridad federal las atribuciones y competencias para ello, y en su caso se determine mediante acuerdos correspondientes, la forma en que se coordinará con el estado y municipio para la ordenación de los usos de suelo fuera de los límites de los centros de población establecidos.

Es preciso señalar que los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) señalados no cumplieron con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 27 de la Ley de Asentamientos Humanos de Quintana Roo, el cual dispone que para la formulación y aprobación de los Programas de Desarrollo Urbano deberá sujetarse a una serie de reglas de procedimiento.

Entre las reglas se encuentra que, “previo a la solicitud del dictamen de congruencia ante la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, el Municipio le presentará el programa de desarrollo urbano completo, para su análisis y observación; una vez emitidas por parte de la Secretaría y solventadas por el Municipio, a solicitud de este último, la Secretaría emitirá el dictamen de verificación de congruencia del proyecto con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano”.

El dictamen será requisito para la aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano por el Cabildo.

El gobierno quintanarroense asegura que mantiene el compromiso de generar un crecimiento ordenado, sustentable ambientalmente y de mantener el estado de derecho en su desarrollo.