La Jornada Maya

Tulum, Quintana Roo
Miércoles 31 de julio, 2019

Servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum acordaron imponer multas que van desde 4 mil 800 pesos a 1 millón 860 mil pesos a las personas que sean sorprendidas en flagrancia provocando incendios clandestinos en predios fraccionados o en zonas forestales.

En la Reunión de Trabajo para la Atención y Prevención de Incendios en el Municipio de Tulum, estuvieron presentes los titulares de las direcciones de Protección Civil, Lucio Salvador Arguea, Bomberos, James Bracamontes Ramírez, Jueces Cívicos, Josué Chimal Chimal, Ecología, David Sánchez Vicario, Policía, Jesús Sánchez Abarca y fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Enrique Rodríguez Luna.

Los funcionarios establecieron cinco líneas de acción a seguir para evitar este tipo de conflagraciones y dieron a conocer los diversos montos de las sanciones que se aplicarán en materia administrativa, ambiental y penal, conforme lo estipula la ley.

También acordaron sostener reuniones con líderes sociales, ejidales y de colonias, con el propósito de concientizarlos sobre la necesidad de evitar incendios urbanos y forestales por el daño ecológico y a la salud que generan entre la ciudadanía.

Salvador Arguea dio a conocer que hasta la tarde del pasado martes, han sido consumidas 72 hectáreas de maleza, selva baja y árboles recién cortados por personas que han provocado incendios urbanos y forestales, ya que pretenden limpiar los terrenos para edificar viviendas o complejos habitacionales.

Señaló que en las últimas horas detectaron un fuerte incendio en las inmediaciones de la Laguna “Nopalitos”, en el ejido José María Pino Suárez, zona de alta plusvalía en donde un grupo de empresarios pretenden construir residencias y hoteles.

Explicó que la mayor cantidad de incendios han sido detectados en las colonias irregulares “Cristal” y “Maritess”, sitios en donde reforzarán la presencia de la policía municipal, así como de los inspectores de Ecología, Protección Civil y Bomberos, con el propósito de ubicar a los causantes de las conflagraciones clandestinas y aplicarles las sanciones administrativas, ambientales y penales que se establecen en las leyes y reglamentos en la materia.


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