Joana Maldonado
Foto: Secretaría de Seguridad Pública
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Domingo 23 de junio, 2019

Un sistema raquítico de fuerza al interior de los Centros de Reinserción Social del estado mantiene serias violaciones a las personas privadas de su libertad al no ofrecer las garantías de seguridad requeridas, admitió el subsecretario de ejecución de penas y medidas de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Lucio Hernández Gutiérrez.

El funcionario indicó que desde el 2016 fue publicada la Ley Nacional de Ejecución Penal y sin embargo, en Quintana Roo no se trabajaba con una nueva normatividad.

Lo que sigue, abundó Lucio Hernández, es seguir poniendo en marcha los 55 protocolos que emanan de la Ley Nacional y de los 205 procedimientos sistemáticos que derivan de estos protocolos, así como la capacitación del personal.

Reconoció al respecto que sin capacitación, aún contando con las normas establecidas, no habrá resultados.

“Además de la capacitación, el fortalecimiento del estado de fuerza (custodios) porque está verdaderamente violentando gravemente las garantías de los privados de la libertad de no estarles ofreciendo la seguridad que requieren, es por lo que no avanzamos del 6.10 de la evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, puntualizó.

[b]Uniformidad[/b]

Indicó que ya quedó integrado el reglamento de los centros penitenciarios del estado autorizado por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario en donde se generaliza el orden y la disciplina que debe haber en los centros de reclusión del país que establece que las personas privadas de su libertad deben estar en orden y uniformados.

“Aquí jamás han sido uniformados, tienen que estar de color beige los sentenciados y de amarillo los procesados, de igual forma la visita, no dice específicamente, pero sí que debe haber una homogeneidad de criterios que nos permita poner orden y disciplina y evitar la vulnerabilidad en el ingreso y egreso de los centros penitenciarios”, dijo.

Por eso añadió que sin suficiencia presupuestal, hay avances en uniformar a las personas privadas de su libertad y poner orden en las personas que ingresan en su carácter de visita familiar o abogados a los centros de reclusión sin vulnerar sus derechos.

Reconoció que esta medida causó inconformidad entre los familiares de los reclusos toda vez que exigen a los familiares vestir de playera roja y pantalón azul.

“Cuando uno intenta poner orden, hay gente que no le parece y desde luego empiezan las inconformidades, pero nada que no haya sido subsanado”, dijo.

Sin embargo, acotó que el nuevo reglamento no ha quedado publicado en el Periódico Oficial del Estado porque sigue en revisión tanto en la Consejería Jurídica como en la Contraloría.


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