La cárcel de Solidaridad pasará a manos del estado, para evitar cierre

Joana Maldonado
Foto: Captura de Google maps
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Jueves 20 de junio, 2019

En virtud de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ordena el cierre de la cárcel del municipio de Solidaridad, el gobierno Quintana Roo planea atraer las facultades de control y responsabilidad de dicho sitio de competencia municipal y de esta manera evitar saturar los centros de reinserción social de Chetumal y Cancún.

El subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Lucio Hernández Gutiérrez, indicó en entrevista que dada la infraestructura de la cárcel de Playa del Carmen, la SSP presentó como propuesta a la CNDH trasladar al gobierno estatal la responsabilidad, manteniendo a los presos en el mismo espacio.

“Estamos en la posibilidad de asumir esa responsabilidad, de que ese centro penitenciario se vuelva un centro estatal”, dijo, y añadió que trabajan en la gestión del recurso que permita tomar esta responsabilidad.

Indicó que desde el inicio de su gestión ha buscado hacer una reingeniería general del sistema penitenciario para atender lo que corresponde: la reinserción social de las personas privadas de la libertad, no obstante, hay un rezago que impide avanzar.

“No podemos ofrecerla (reinserción) si tenemos algunos centros sobrepoblados y hasta con hacinamiento y otros con reclusión irregular como las cárceles municipales”, dijo.

El funcionario reconoció que han resultado fortalecidos con la recomendación general número 28/2016 emitida por la CNDH a todos los estados en donde se hizo del conocimiento que 82 lugares de reclusión son considerados cárceles municipales y en virtud del nuevo sistema de justicia penal, esta reclusión es considerada irregular.

La CNDH recomendó el cierre de las cárceles municipales, para que los estados absorban la responsabilidad de las personas que se albergan. Esta recomendación ha sido cumplimentada en un 75 por ciento en el caso de Quintana Roo.

En Quintana Roo, recordó, empezaron a cerrarse las cárceles de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y José María Morelos; pero en virtud del avance lento, en diciembre de 2018 la CNDH emitió la recomendación 65/2018 dirigida a la SSP y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del estado, en la que pide que las cárceles de Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto sean cerradas y las personas que ahí permanecen, trasladadas a los centros penitenciarios del estado.

Añadió que el TSJE cumplimenta la recomendación con base al envío de nuevos reos solo a las cárceles de Cancún y Chetumal, aunque reconoció que la población que alberga Playa del Carmen es el problema principal.

A principios de marzo trasladaron a 79 personas de Felipe Carrillo Puerto al Centro de Reinserción de Chetumal, con lo que se cerró este sitio irregular de reclusión; sin embargo, la cárcel de Playa del Carmen permanece abierta “avanzando más lentamente” con la separación de aquellos liderazgos que desestabilizan el penal.

Tan solo de enero a marzo 246 internos han sido trasladados a Chetumal, en abril sumaron otros 163 y en mayo 35, pero descartó que con estos traslados se sature la cárcel de Chetumal, cuya capacidad es de mil 255 espacios y actualmente tiene una población de 976 personas privadas de su libertad.

“La finalidad es la despresurización del Cereso de Cancún, que nos permita la implementación de verdaderos programas de reinserción social que a su vez garanticen que al momento de la reinserción a la sociedad, sea con el menor riesgo posible y no vuelvan a delinquir e implementar estos programas en Chetumal”, destacó el entrevistado.