Joana Maldonado
Foto: IEEA / Facebook
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 25 de enero, 2019
Un día conmemorado por la iglesia católica argentina se convirtió en una efeméride que el Instituto Estatal de Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo (IEEA), encabezado por Candelaria Raygoza Alcocer promueve mediante sus cuentas oficiales en redes sociales.
El colectivo Marea Verde de Quintana Roo se pronunció en contra de este hecho que consideran "intolerable" dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que "no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en cada uno de dichos artículos”.
En este orden de ideas, citan, dicha Corte estableció “[…] que la interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el Sistema Interamericano, confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión”.
Mediante su cuenta en Facebook, Marea Verde Quintana Roo apunta que existe una diferencia esencial desde el punto de vista jurídico entre el producto de la concepción y la persona que ha nacido viva y viable. De los tratados internacionales de derechos humanos, sus trabajos preparatorios y sus observaciones interpretativas, se advierte claramente que los sujetos de protección de dichos instrumentos son las personas nacidas.
“Por tanto reprobamos este tipo de mensajes y exigimos que el personal de esta y todas las instituciones públicas se capaciten y sensibilicen en materia de perspectiva de género y conozcan la obligación prevista en el artículo 1o Constitucional que señala: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
El INE realizó ajustes a fin de incentivar la confrontación entre aspirantes
La Jornada Maya
Acusan que fugas en los ductos de gas perjudican al medioambiente y a la pesca
Gabriel Graniel Herrera
Gobernanza y sociedad
La Jornada Maya
El reclamado cuenta con 30 días para apelar dicha resolución
La Jornada