Carlos Águila Arreola
Foto: La Jornada Maya
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Domingo 7 de mayo, 2017
El Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, el Colectivo de Semillas Nativas Much’ Kanan I’inaj, la fundación Educación, Cultura y Ecología (Educe), y Asamblea Nacional de Afectados Ambientales aseguran que los decretos de estados libres de transgénicos en la península de Yucatán “son un engaño, buena estrategia para desmovilizar la lucha y para hacerse de capital político preelectoral”.
El colectivo puso en duda el decreto que prepara el gobierno de Quintana Roo para declararlo estado “libre de transgénicos” en un mes porque “sólo pueden ser decretados por instancias federales competentes para ello, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)”.
Mediante un comunicado, se señala que “paradójicamente la misma dependencia es la que otorgó el permiso a la trasnacional Monsanto para la siembra de soya modificada”, por lo que “los decretos promovidos por los gobiernos de la península no son más que un engaño y muy buena estrategia para desmovilizar la lucha y hacerse de capital político preelectoral”.
En ese sentido, las organizaciones recuerdan que tienen años luchando para que se cancele el permiso porque el problema de fondo es que la legislación vigente, respecto al tema de transgénicos es la Ley de Bioseguridad (en algún momento llamada “Ley Monsanto”).
En la citada legislación se establece que “las zonas libres de transgénicos sólo pueden ser decretadas por instancias federales y una es la Sagarpa, dependencia que paradójicamente otorgó el permiso que defiende a Monsanto pese al riesgo en el que ponen la existencia de las comunidades demandantes”.
El documento recuerda que en octubre pasado, el gobierno de Yucatán emitió un decreto similar al que ahora pretende Quintana Roo. El comunicado acusa de simulación al gobierno yucateco, y de sumarse al quintanarroense porque “intentan pasar como amigos del pueblo maya cuando firman más y más acuerdos para dejar entrar empresas ‘verdes’ a nuestros territorios sin tomar en cuenta las afectaciones ambientales de su supuesta sustentabilidad.
“Denunciamos que el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), firmado por los tres gobernadores de la península en diciembre de 2016, no es otra cosa que un instrumento en el que ponen en oferta el territorio maya para empresas ‘verdes’ y de ‘energías limpias’, eólicas y de páneles solares.”
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