Carlos Águila Arreola
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Martes 31 de enero, 2017
El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) determinó, por unanimidad, ordenar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que desbloquee la cuenta bancaria donde son depositadas las prerrogativas que corresponden al Comité Ejecutivo Estatal y se realicen los depósitos correspondientes.
En la sesión del lunes, el pleno resolvió el incidente INC-1/JDC/2017 que promovió Emiliano Vladimir Ramos Hernández contra el CEN de su partido, en su calidad de presidente estatal, luego que el Teqroo lo ratificó al frente de ese instituto político en Quintana Roo.
El incidente de incumplimiento de sentencia fue presentad por Ramos Hernández, basado en el Juicio Ciudadano 34 y sus acumulados 37 y 39, que resolvió el Teqroo el 23 de diciembre de 2016.
El político pide en el incidente que se ordene al Comité Ejecutivo Nacional del PRD para que, mediante la Secretaria de Finanzas del partido, desbloquear las cuentas bancarias donde se depositan las prerrogativas, y se le imponga alguna medida de apremio previstas en el artículo 52 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral.
Por unanimidad, el pleno –integrado por los magistrados Nora Cerón González, Vicente Aguilar Rojas y Víctor Vivas Vivas– declaró fundado el incidente.
El proyecto se basó en la sentencia dictada en el expediente JDC/034/2016 y sus acumulados, donde el Teqroo confirmó la ratificación de Ramos Hernández como presidente del PRD en Quintana Roo, por lo que “el actor tiene el derecho de realizar y desarrollar las actividades inherentes al cargo conferido”.
El pleno determinó “que una vez realizado el cumplimiento a lo ordenado, dentro del término de 24 horas posteriores a la realización, se informe y acredite ante esta autoridad jurisdiccional”, se lee en la sentencia.
El Teqroo apercibió al CEN que, de incumplir con lo ordenado en la ejecutoria, se procederá a amonestarlo públicamente, de acuerdo con el dictamen. La ponencia estuvo a cargo del magistrado-presidente, el priista Víctor Vivas Vivas.
El dictamen fue aprobado por el Senado y que se envió a la Cámara de Diputados
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