Texto y foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Domingo 29 de enero, 2017
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras y actividades de construcción en un predio ubicado en el camino costero de Xul-Há, en una de las riberas de la laguna de Los Siete Colores, en el municipio de Othón Pompeyo Blanco.
Personal de la dependencia constató que en un ecosistema lagunar costero de 504 metros cuadrados se construyó y podó sobre vegetación forestal, con afectación principal a mangle botoncillo (Conocarpus erectus), especie enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, en la categoría de Protección especial (Pr).
Durante la inspección se observó un edificio en etapa de construcción, con una rampa de concreto de acceso al predio, un muro de contención de mampostería y cemento, una alberca, un muelle de madera, una palapa y un relleno al fondo de la laguna adyacente al predio, con grava.
Al momento de la visita, el inspeccionado no presentó la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para realizar obras y construcción.
Las actividades propician la pérdida y degradación del suelo por acción hídrica y/o eólica, así como el desplazamiento de las especies de fauna silvestre que habitaban el ecosistema, por lo que su eliminación puede causar un daño o deterioro grave a los recursos naturales.
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las violaciones podrán ser sancionadas con multa por el equivalente de 30 (dos mil 264 pesos) a 50 mil días (tres millones 774 mil 500 pesos) de la Unidad de Medida y Actualización, además de la clausura definitiva de las obras y actividades.
Además, según el artículo 418 del Código Penal Federal, esas conductas pueden derivar en un delito penal y se podría imponer pena de seis meses a nueve años de prisión, y multa por el equivalente de 100 (siete mil 549 pesos) a tres mil días multa (226 mil 470 pesos), a quien desmonte o destruya vegetación natural, y cambie el uso de suelo forestal.
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