Trabajadores de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) denunciaron despidos injustificados, además de ser obligados a firmar renuncias bajo amenazas que en algunos casos incluye privación ilegal de la libertad; adicionalmente señalan el pago de una nómina de asesores por más de 60 mil pesos mensuales, pese a que esta figura se encuentra fuera del catálogo de puestos de la Oficialía Mayor.
Por su parte, la dependencia informó en un comunicado que las relaciones de trabajo que la Agepro mantiene con su personal se encuentran constreñidas a lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo.
El pasado miércoles, elementos de seguridad recibieron el reporte de una empleada que aseguró estaba retenida en contra de su voluntad y sin posibilidad de comunicación, al interior de la Agepro. La mujer era la hasta entonces directora de gestión territorial, Aracely Muñoz Sabido, quien denunció privación ilegal de su libertad para obligarla a firmar su renuncia al igual que había ocurrido en los últimos meses con una veintena de trabajadores.
Julio Han Chan, quien fuera director de administración de la paraestatal en el último año, expuso cómo al igual que la ahora ex directora de gestión territorial, fue obligado a firmar su renuncia en octubre pasado: “de manera repentina llegó el titular (Eduardo Jesús Ortíz Jasso) a mi oficina, me encerró y sacó un documento en el que me obliga a renunciar, de manera sorpresiva le pregunte qué si había un problema con mi trabajo, y me dijo que solamente era una cuestión de falta de resultados”.
Aunque consciente de que había ayudado a estructurar mejor el funcionamiento de Agepro, Han Chan aceptó renunciar “voluntariamente” en mayo del año pasado en plena contingencia sanitaria, pero a la fecha no ha recibido el pago de su finiquito.
Misma situación denunciaron el ex encargado de los departamentos de controversias judiciales, Juan Luis Hernández Delgado; el coordinador jurídico, Fernando Franco Zaragoza; el coordinador de reservas territoriales, Víctor Sánchez Ruz y el jefe de departamento de cuenta pública, Carlos Manuel Sánchez Valdez, quienes fueron obligados a firmar una carta de renuncia dirigida al director general de Agepro, Eduardo Ortíz Jasso.
A esto sumaron la incorporación a la nómina de Fernando Zelaya Levin, diputado local de la XV Legislatura y ex candidato a la alcaldía en Othón P. Blanco, quien -dijeron- cobra como asesor un monto mensual de 65 mil 380 pesos, aunque desde hace unos dos años se dejó de admitir dicha figura en el tabulador del catálogo de puestos del gobierno estatal.
Ante los señalamientos anteriores, la tarde de este viernes la Agepro emitió un comunicado de prensa en el cual asegura que cumple con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“La Agepro respeta, invariablemente, los derechos laborales de sus trabajadores. De igual forma, cumple con el pago puntual de todas y cada una de las prestaciones a las que su personal tiene derecho. En caso de controversia, la Agepro se somete a las determinaciones que, en su momento, emite el Tribunal de Conciliación y Arbitraje”, destacó la dependencia.
Edición: Laura Espejo
Se presume que el atentado la planeaba un grupo que difundía discursos de odio contra la comunidad LGBTTTI
Ap
El director ejecutivo de la escudería, Dan Towriss, dijo que hasta el momento no se ha fichado a ningún piloto
La Jornada
Velaban a dos hermanos quienes fueron asesinados en ese mismo lugar el pasado 28 de abril
La Jornada
Esta es la octava ocasión en la historia de la organización que se tiene una seguidilla con ese número de encuentros ganados
La Jornada
