El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo llamó a “revisar con detenimiento” las actuaciones de los funcionarios que intervinieron en el caso del fallecimiento de Leonardo, el joven que murió ahogado en una de las atracciones del parque Xenses, del grupo Xcaret.
En un comunicado de prensa el organismo ciudadano señala una serie de inconsistencias, como la presumible obstrucción para el levantamiento de las declaraciones, la dispensa de la necropsia y el otorgamiento del perdón legal a la empresa involucrada al parecer bajo coacción.
Observan dos situaciones sumamente graves en términos legales: la primera, que de acuerdo con la fiscalía estatal, el padre del menor fallecido solicitó la dispensa de la necropsia, aunque el artículo 271 del Código nacional de Procedimientos Penales en su segundo párrafo dispone que “cuando en la investigación no resulten datos relacionados a la existencia de algún delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia”.
Por ello el CPC calificó como “extraño” que al momento de abrir la carpeta por el delito de homicidio culposo la fiscalía contara ya con datos de prueba y resultados de técnicas de investigación relacionados con algún delito que le permitieran hacer la dispensa.
La otra situación que llama la atención del organismo es el otorgamiento del perdón realizado por el padre de la víctima: “El artículo 73 del Código Penal de Quintana Roo dispone que ´el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la acción penal respecto a los delitos que solamente pueden seguirse por querella, siempre que se conceda antes de dictarse sentencia, de segunda instancia y el imputado no se oponga a su otorgamiento".
Pero en este caso, al tratarse de un delito que se persigue de oficio (homicidio culposo) “resulta totalmente inviable jurídicamente hablando la posibilidad de otorgar perdón alguno”.
Con base en lo anterior, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo exhortó a las autoridades correspondientes a investigar la actuación y en su caso fincar responsabilidades a los actores en este caso: Protección Civil del municipio de Solidaridad “respecto a su obligación de la supervisión de las instalaciones y los protocolos de atención”, al personal del Ministerio Público que presuntamente obstaculizó la toma de declaración y el levantamiento de la denuncia correspondiente.
Asimismo, investigar si el titular de la carpeta de investigación levantada tenía la facultad para dispensar la necropsia y al vicefiscal en Solidaridad, señalado por el padre de la víctima de obligarlo a firmar un perdón a favor de la empresa a cambio de entregarle el cuerpo de su hijo. A la fiscalía estatal solicitan explique ante los medios de comunicación y la ciudadanía si dentro de la carpeta iniciada se ha dictado algún acuerdo ejerciendo su facultad de abstenerse de investigar, o del no ejercicio de la acción penal.
Edición: Emilio Gómez
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