La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió cuatro amparos indirectos, promovidos por igual número de mujeres, en contra de la XVI Legislatura, ante el desechamiento de la despenalización del aborto. Las activistas, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense, están a la espera de la respuesta del Poder Legislativo sobre el informe previo.
Ante la omisión del Estado, la Red Feminista advirtió que impulsarán las acciones necesarias para hacer valer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hasta que se reconozcan, garanticen y protejan, motivo por el que, desde el pasado mes de marzo, dentro del término legal, interpusieron cuatro amparos indirectos ante los Juzgados de Distrito de Chetumal.
Las solicitudes, informó Yunitzilim Rodríguez Pedraza, de la colectiva Marea Verde, han sido radicados y admitidos en los Juzgados primero y segundo de Distrito, bajo los números 187/2021, 188/2021, 189/2021 y 206/2021.
En dichos amparos añade: “se hacen valer diversos conceptos de violación a los derechos humanos, que se configuraron ante el desechamiento que efectuó la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo del dictamen en sentido positivo a favor de la armonización de la legislación local como es la Constitución, Código Penal y Ley de Salud, todos del Estado, al principio pro persona, principio de interpretación conforme, control constitucional y convencional”.
El juzgado solicitó el informe previo al Congreso del estado
“Se requiere a la autoridad señalada como responsable para que al momento de rendir su informe justificado manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido de que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo”, cita.
Yunitzilim Rodríguez indicó que están a la espera de la respuesta de los diputados y diputadas en relación con este amparo, pues como servidores públicos están sujetos a un marco de responsabilidad política, penal y administrativa por su actuación.
“Estamos esperando que contesten, y eso nos va a servir para el juicio político”, señaló Rodríguez Pedraza.
El próximo 29 de abril a las 11 horas, se citó a la celebración de la primera audiencia constitucional, que será mediante el uso de videoconferencias.
Edición: Estefanía Cardeña
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