Ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a no aplicar una sanción “leve” a los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al propio instituto político tras comprobarse que cometieron violencia política en contra de la diputada Judith Rodríguez Villanueva, el órgano electoral impuso una multa de apenas 12 mil 597 pesos a Candelaria Ayuso Achach; 26 mil 498 a José Alberto Alonso Ovando y 150 mil pesos al tricolor.
“A efecto de dar cumplimiento a la sanción que ha sido impuesta en términos del artículo 407, párrafo tercero de la ley local, la presidente y el secretario general deberán pagar las siguientes cantidades: Elda Candelaria Ayuso Achach, 145 Unidades de Medida y Actualización (UMA's), lo que corresponde a 12 mil 597 pesos; José Alberto Alonso Ovando, 305 UMA's o 26 mil 498 pesos”, cita el acuerdo que fue aprobado la noche de este jueves por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
A finales del mes de mayo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF resolvió la queja de violencia política en contra de la diputada Judith Rodríguez, revocando la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), al considerar que esta instancia no fue exhaustiva para analizar el contenido de la queja, y pidiendo imponer una sanción ejemplar.
Este jueves, el Consejo General del Ieqroo, en sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de resolución por el que cumplimentaron la sentencia del expediente SX-JDC-1029/2021 de la Sala Regional en la que también añade una multa al PRI por 150 mil pesos que les será reducida de manera mensual durante cinco meses de sus prerrogativas.
“Se estima que la infracción en que incurrieron la presidente, el secretario general y el Partido Revolucionario Institucional debe calificarse como grave ordinaria”, cita el acuerdo.
Adicionalmente, el Ieqroo dio respuesta al escrito presentado por Issac Janix Alanís, en el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el que expresa como violatorio al debido proceso, así como su derecho a ser votado el acuerdo que le anulaba su candidatura.
El consejo general determinó que el acuerdo del 3 de junio ha quedado sin materia y que Janix Alanís tiene a salvo sus derechos para ejercer las acciones legales que considere pertinentes.
Edición: Laura Espejo
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