Activistas recabaron casi 2 mil firmas en el parque Las Palapas de Cancún en oposición a la construcción del hotel Riu en Punta Nizuc. El presidente de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos, Gerardo Solís Barreto, detalló que el objetivo es llevarlas al presidente Andrés Manuel López Obrador, para demostrar la oposición a este proyecto que violenta las normas medioambientales.
Entre la semana pasada y este sábado lograron recabar mil 200 firmas y este domingo, hasta las 20 horas, Gerardo Solís y otros activistas mantuvieron una mesa receptora donde juntaron casi 2 mil firmas que entregarán al presidente de la república.
“Esa petición se va a entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente la petición completa, prácticamente la historia de corrupción de Riu en Quintana Roo”, relató el activista.
Con esto, esperan la cancelación definitiva de las autoridades al proyecto que califican como “ecocida”, y una sanción a los servidores públicos que han intervenido a favor de la cadena hotelera española.
“En cualquier país del mundo los funcionarios que intervinieron quedarían inhabilitados o probablemente presos, si fueras a España y revisaran a un funcionario estarían en la cárcel y eso esperamos de la cuarta transformación, que deje de haber impunidad”, precisó.
El escrito firmado establece que “los cancunenses decimos sí a la inversión turística, pero a la inversión responsable. Los cancunenses decimos no a desarrollos, inversiones y empresarios depredadores, voraces y abusivos”.
En el texto los ambientalistas aseguran que el apoyo del gobierno federal a Riu se debe a la conexión que existía entre el rey Juan Carlos I y el ex presidente Enrique Peña Nieto, y a su vez, con empresas como OHL y Oderbretch, que por medio de “triangulaciones e inyecciones de dinero” para la campaña electoral de 2012 permitieron su llegada al Ejecutvo, declaran en el documento.
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Entre otras cosas, los activistas han señalado que el proyecto Hotel Riviera Cancún carece de infraestructura en la zona, especialmente de agua potable y drenaje; y en cuanto a las aguas negras, la solución del proyecto original era que la entregara a una red pública de drenaje, red que no existe en la zona.
En este sentido, acusan a las autoridades federales, y en su momento municipales, de otorgar los permisos a la empresa para el inicio de la construcción; además de señalar a magistrados involucrados en la resolución de casos judiciales en torno a este proyecto, los cuales “o bien no entran en el fondo de la discusión o bien lo hacen pero llevan a cabo la discusión desde su neófita opinión personal, demostrando su carencia de conocimientos en materia de desarrollo urbano y de urbanismo, pero evitando recurrir a opiniones de expertos”.
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Edición: Estefanía Cardeña
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