Un juez federal dejó sin efecto la medida de prisión preventiva justificada aplicada al ex gobernador Roberto N por los delitos que le imputa la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo (desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder) en la carpeta 151/2017. Sin embargo, el ex mandatario se mantendrá en prisión preventiva por delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, del orden federal.
Este martes el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo, cuyo secretario es Octavio Meza Ojeda, determinó que el juez Daniell Farah Godoy no fundamentó ni motivó su decisión de ejercer la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Roberto N. El amparo fue promovido desde el 2019 en contra de las medidas preventivas por delitos cometidos en el ámbito local.
Los delitos por desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder se le imputan en la carpeta 151/2017 del caso Vip Saesa S.A de C.V por un desfalco de 319 millones 941 mil 164 pesos y 40 millones 192 mil dólares por subcontratación simulada a empresas de transporte aéreo, por lo que el juez en Quintana Roo determinó la prisión preventiva en cada una, la última el 14 de mayo de 2019.
El juzgado federal consideró que la prisión preventiva no se fundamentó ni motivó, por lo que transgrede el derecho al debido proceso y acceso a la justicia, dado que el juez incorporó elementos que no fueron expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción.
La defensa del ex gobernador argumentó también que se rebasó el límite para permanecer en prisión preventiva tomando en cuenta su detención, el 5 de junio de 2017 (desde su extradición de Panamá), aunque esto último no fue considerado.
Si bien Roberto N obtuvo la protección de la justicia en una de las carpetas en su contra, se mantendrá en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, pues también enfrenta esta medida por las carpetas 154/2017 (relativa concesiones de carritos de golf), así como la 159/2017, por la venta irregular de predios propiedad del gobierno del estado; pero principalmente por delitos del orden federal como lavado de dinero.
Edición: Laura Espejo
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