Un juzgado federal admitió la demanda de amparo promovida por comunidades quintanarroenses de la zona limítrofe con Campeche, tales como San Antonio Soda, Guillermo Prieto, Caña Brava, Pioneros del Río, Nuevo Progreso, entre otras. Esto en razón que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco se niega a dotar de obras públicas tales como calles pavimentadas, vivienda, parques, domos, entre otras, a dichas comunidades, con lo que se violentan los derechos humanos de los habitantes de aquella región al ser excluidos de manera reiterada de los Programas de Inversión Anual sin que exista justificación jurídica para ello.
El asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz, manifestó que al ser excluidas las comunidades de los programas de obra pública municipal se cometen actos de discriminación en contra de los habitantes de la zona limítrofe y así mismo se violentan sus derechos humanos, tales como acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna, salud, el contar con la infraestructura necesaria para el acceso a la movilidad en la categoría de calles pavimentadas, banquetas y espacios públicos y su equipamiento, establecidos en el artículo Cuarto Constitucional.
Este medio contactó al secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Adrián Sánchez Dominguez, para solicitarle su opinión al respecto, pero no respondió a los mensajes.
Por su parte, los pobladores de las comunidades confían que al igual que sucedió con los amparos ganados por poblaciones limítrofes para acceder al agua potable, podrán disponer de obra pública de competencia municipal luego que el Juzgado Federal Sexto de Distrito con residencia en Chetumal admitiera los amparos con números 287/2022, 288/2022 y 289/22.
Al admitir los amparos se comprueba que no hay ningún impedimento legal dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los jueces admitan demandas y en su momento otorguen amparos a las comunidades de la zona limítrofe.
Blanco Cruz confió que dado los antecedentes de los amparos ganados en materia de agua potable y que han obligado al Congreso de Quintana Roo a destinar más de 150 millones de pesos para el cumplimiento de dichas sentencias, lo mismo suceda con los amparos admitidos recientemente y se obligue al Ayuntamiento de Othón P. Blanco a la brevedad posible a destinar recursos para atender a las comunidades limítrofes, toda vez que son poblaciones alejadas de las ciudades, con un desarrollo incipiente, que requieren de los servicios básicos.
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Edición: Mirna Abreu
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