La falta de certeza jurídica de la tierra, invasiones y despojos de terrenos y viviendas se han vuelto una constante en el ayuntamiento de Benito Juárez y en otras partes de Quintana Roo, tanto en zonas irregulares como en fraccionamientos bien conformados.
En colonias irregulares, por ejemplo, hay personas que han vivido en el mismo espacio desde hace más de tres décadas, sin embargo, carecen de todos los servicios básicos y en el momento en que llega el propietario de la tierra empiezan los procesos legales largos y costosos.
De acuerdo a la última estadística presentada por el ayuntamiento Benito Juárez, en Cancún hay un registro de 213 colonias irregulares, donde se estima que habitan 250 mil personas, es decir, casi 30 por ciento de la población total del municipio.
Ante esta problemática, autoridades municipales en conjunto con instancias estatales y federales han buscado acuerdos y solución, en primer lugar para que las familias alcancen esa certeza jurídica y, posteriormente, para que con la regularización puedan acceder a servicios como luz, agua y drenaje.
"Hemos avanzado con los nuevos mecanismos, estamos aplicando un programa de mejoramiento urbano que tiene la vertiente de regularización y certeza jurídica, con programas del gobierno federal para poder abatir la pobreza y darle seguridad a los habitantes de las zonas marginadas de Cancún", explicó Armando Rivas, representante regional del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).
Destacó que están trabajando con varios formatos y convenios de colaboración con el municipio, quienes han logrado también el acercamiento oportuno con los dueños de los predios, dando paso a la regularización.
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De momento, están actualizando los datos de las colonias para generar la integración de todos los expedientes con diferentes áreas de operación para analizar cada uno de los asentamientos y definir cuáles sí clasifican para los programas.
En ese análisis de colonias toman en cuenta diferentes vertientes para así establecer qué programas aplicar en cada una, desde los de mejoramiento urbano hasta de regularización de asentamientos humanos, contratación directa, algunos mandatos, entre otros.
"En eso estamos, analizando las colonias, si son de franja ejidal hay un importante número y tenemos que analizarlas. Por principio no tienen servicios, no hay orden en la colonia, tienen que estar lotificados, ir integrando los servicios públicos, infraestructura, pero si no están regularizadas no pueden aplicar a recursos en ningún nivel de gobierno", enfatizó Armando Rivas.
Y es que las problemáticas son muy diversas; algunas colonias provienen de reparticiones ejidales, otras de particulares, otras de fondo legal, entre más vertientes y por ello es necesario el análisis mediante grupos de trabajo, que inciden desde los antecedentes de la formación.
El entrevistado agregó que con el cambio de regulación se han frenado nuevas invasiones, la gente está más consciente de que no es la vía, pero todavía hay personas que llegan a zonas ya invadidas y más recientemente se han escuchado de conflictos en Tulum.
"Estamos en eso (la regularización de más colonias), la verdad es que ya tenemos el tiempo encima, porque tenemos que cumplir con las metas del Instituto. Estamos trabajando y en las próximas semanas estaremos en campo", aseguró.
Edición: Estefanía Cardeña
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