Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno de la nación -en calidad de terrenos nacionales- la superficie de 180 hectáreas (180-07-44), sobre las cuales se constituyó la zona urbanizada de la colonia denominada Luis Donaldo Colosio Murrieta (en Playa del Carmen), que se encuentran inmersas en la superficie de mil 200 hectáreas cedida gratuitamente mediante decreto publicado el 2 de abril de 1973.
El acuerdo, signado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destaca que no quedarán comprendidas en la superficie de las 180-07-44 hectáreas las parcelas que hubieren sido enajenadas por el gobierno de Quintana Roo, así como por la persona moral denominada Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V., y aquellas de las que se acredite haber gestionado su regularización.
Con ello se dejan a salvo los derechos de los propietarios resultantes, por medio del reconocimiento de los folios reales generados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, sobre los predios titulados a favor de terceros adquirientes de buena fe, así como aquellos que se encuentran en proceso de contratación y/o regularización con la empresa referida, para lo cual se emitirán lineamientos de reconocimiento de dichas transmisiones o procesos de regularización mediante un comité que se genere para tales efectos.
“Se deja sin efectos el acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno de la nación en calidad de terreno nacional, la superficie restante de las mil 200 hectáreas cedidas gratuitamente por el gobierno federal al gobierno del entonces territorio de Quintana Roo para la formación del fundo legal del poblado de Playa del Carmen, que no se hubieren ajustado a los decretos publicados en fechas 2 de abril de 1973 y 15 de febrero de 1980, publicado el 16 de diciembre de 2021 en el ‘Diario Oficial de la Federación’”, destaca el acuerdo publicado.
El documento indica que el gobierno del estado de Quintana Roo de ese entonces (1980) no concluyó la transmisión de los terrenos cedidos por la Federación.
Edición: Mirna Abreu
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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