La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSP) firmó un convenio de coordinación y colaboración institucional con el municipio de Solidaridad para la regularización y registro de las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en este municipio.
“Desde el inicio de la administración del gobernador Carlos Joaquín se ha trabajado en recuperar la confianza de la ciudadanía hacia los cuerpos de seguridad y para garantizar la protección de la gente. Es por ello que también se mantiene vigilancia en las empresas de seguridad privada que brindan este servicio en el estado”, informó la SSP en un comunicado.
Con la firma de este convenio, a través de la coordinación con las distintas instancias del ayuntamiento, se permitirá mediante el control, investigación y supervisión de las empresas de seguridad privada que operan en Solidaridad, reducir el número de aquellas que lo hacen de manera irregular.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo ha venido trabajando de manera articulada con el ayuntamiento de Solidaridad, por lo que en su intervención, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, reconoció la voluntad política de la presidente municipal Lili Campos y de todo su Cabildo por la suma de esfuerzos para regular a los prestadores de servicios de seguridad privada de manera oportuna, a fin de prevenir la comisión de delitos.
A través de la Dirección de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del estado se comprometió a coadyuvar en todo lo conducente para el cumplimiento del convenio.
También te puede interesar: No más fraudes: Firman convenio para proteger al turista en QRoo
Edición: Estefanía Cardeña
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada