Patricia Vázquez
El crimen organizado pretende infiltrarse hasta en la impartición de justicia, pues durante juicios de presuntos delincuentes, al menos siete jueces han sido amenazados por los indiciados, aseveró ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas.
Aunque no precisó nombres de delincuentes ni de magistrados involucrados, Cebada Rivas señaló que cinco funcionarios radicados en la zona sur y dos en la zona norte del estado han sido amagados.
Detalló que las amenazas se han proferido durante audiencias contra acusados de delitos del fuero común que involucran a personas que también enfrentan acusaciones por crímenes federales.
El magistrado presidente expuso que ninguno de los jueces amenazados goza de protección especial ni están adheridos a algún mecanismo de seguridad.
Heyden Cebada indicó que los magistrados del Poder Judicial en la entidad no tienen a su servicio choferes, escoltas, automóviles blindados ni nada especial para su seguridad personal.
Asimismo, sostuvo que durante el tiempo que dura un juicio, las familias de los jueces que sufren intimidación son resguardadas por fuerzas federales.
Mencionó que durante las audiencias de los imputados las mismas corporaciones resguardan los recintos, “pero sólo durante el periodo que dura el juicio”.
De acuerdo con autoridades policíacas, en la zona norte de Quintana Roo, que abarca los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Cozumel y Tulum, operan los cárteles Jalisco Nueva generación y de Sinaloa.
A este último se le imputan los recientes secuestros y asesinatos de los empresarios José Rodrigo González Barba y Juan Manuel Villaseñor; ambos fueron localizados, en diferentes fechas, en el ejido Alfredo V. Bonfil, municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.
Asimismo, han mencionado que en la zona sur, donde se ubican los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, el grupo delictivo más fuerte es el cártel de Caborca, al cual adjudican el reciente secuestro de tres personas, entre ellos un periodista, y la privación ilegal de la libertad del empresario náutico Cipriano Torres, en Chetumal.
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