La Red de Víctimas Quintanarroense exigió una resolución a los casos de violencia vicaria en el estado, un delito que va en aumento, pues hasta diciembre del 2022 sumaban 50 casos y hoy ya son 75; es decir, en lo que va de 2023 se han sumado 25 casos, expuso Ariadne Song, presidenta del colectivo.
"En la zona norte está creciendo el problema, por la desvinculación del núcleo familiar y falta de capacitación en perspectiva de género por parte de las autoridades. Los menores están siendo utilizados como objetos para dañar a las madres… es tortura, porque matan en vida a las madres, y tienen que esperar a que el agresor se compadezca de ellas para poder ver a sus hijos", expuso la activista.
La mayoría de los casos registrados hasta ahora ocurren principalmente en la zona norte del estado, sumando 25 casos en Cancún, 35 en Playa del Carmen y 15 en zona maya y sur de la entidad.
Estos 75 casos, estimó, se han dado por una mala interpretación de la ley, por falta de perspectiva de género, de empatía y de no aplicar el interés superior de la niñez, porque todo menor tiene derecho a convivir con madre y padre siempre y cuando no sean generadores de violencia, ni afecten el libre desarrollo de la personalidad.
La Ley contra la Violencia Vicaria, impulsada por las colectivas feministas, se aprobó en el Congreso del Estado el 23 de agosto del año pasado y se catalogó como un gran paso, pero consideraron que es urgente que los funcionarios y litigantes se capaciten y sensibilicen en el tema para tener mejor atención.
"Si las autoridades no ponen un freno para que los agresores dejen de traficar y utilizar como instrumento de tortura a los niños y niñas, vamos a seguir teniendo más presas, más muertas, porque la autoridad está siendo indolente", señaló Ariadne Song.
Como ejemplo de ello, esta semana presentaron un par de casos de víctimas, para lo cual se reunieron con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, en Cancún, a quien le plantearon 13 casos que catalogaron como los más urgentes, aunque todos son prioritarios.
El acuerdo fue dar seguimiento a todos los casos, para combatir los actos de negligencia y violencia institucional, por lo que cada una de las madres dará puntual seguimiento a su demanda, así como los medios legales.
“Lo que queremos las mujeres es piso parejo… plazo no pusimos porque cada caso es complejo y único y se tiene que analizar, sin embargo, las colectivas feministas estamos pidiendo acciones, no simulaciones y si en tres o seis meses no vemos un avance real, vamos a volver a venir, porque se nos ha criticado cuando hacemos iconoclasia, marchas, mítines, pero estamos pidiendo que nos atiendan porque es su trabajo”, puntualizó.
Entre los asistentes a esta reunión estuvo el padre de una víctima de violencia vicaria, que hoy está encarcelada, vinculada a proceso desde hace seis meses “indebidamente, por mal manejo de influencias en Veracruz, lo que ha entorpecido el proceso para su libertad” y en espera de que en estos días se resuelva su situación.
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