Si el ayuntamiento de Benito Juárez pelea la sentencia que se dio contra el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), lo único que va a transmitir es que algo mal está en el documento y acabará con la confianza hacia el gobierno, opinaron activistas durante la rueda de prensa virtual organizada por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
“Yo creo que si el ayuntamiento pelea esta sentencia, lo único que va a transmitir como mensaje es que algo anda mal allí adentro y que lejos de generar la confianza que debe tener por parte de los ciudadanos, en lugar de decir ‘chin, nos equivocamos, lo hicimos mal, se va a volver a hacer’, pues vamos a entrar en una situación de desconfianza total”, consideró Carmen Báez, secretaria del comité de vecinos de la supermanzana 15.
Respecto a este tema, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo concedió un amparo a los ecologistas contra el PDU municipal, resolución que ya fue notificada al ayuntamiento de Benito Juárez. La autoridad municipal se manifestó al respecto y aclaró que dicha sentencia no se encuentra firme y como consecuencia no afecta a los proyectos federales y estatales que se encuentran en actual ejecución. El ayuntamiento de Benito Juárez anunció en días pasados que se amparará contra la resolución judicial.
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Antonella Vázquez, integrante de la asociación DMAS, hizo mención de que ya el municipio y también el Congreso del Estado presentaron todas sus pruebas ante el juez para defender al PDU, por lo que no podrían llegar con algo nuevo, pues además la sentencia fue muy concreta. En todo caso, de seguir con esta defensa lo que perderán es una oportunidad de hacer algo a favor de la ciudadanía.
Lo importante ahora, estimó la ambientalista Carmen Báez, es difundir esta sentencia y ser vigilantes de su cumplimiento, para que no se “sorprenda” a ningún empresario, que pudiera tener ya listo algún proyecto a llevar a cabo y que por ahora no tendría ningún PDU que lo ampare.
Hizo mención que al final se trató de una “misión legislativa”, misma que calificaron como inaceptable, porque se estaba dando paso a programas de desarrollo urbano que no incluyen ni estudios de capacidad de carga, ni de impacto ambiental, ni ampliación de información de atlas de riesgo, ni estudios de movilidad.
La obligación del ayuntamiento de Benito Juárez, recalcaron, es dejar sin efecto el PDU 2022, reponer el procedimiento para formular y aprobar el Programa de Desarrollo Urbano, debiendo garantizar el acceso a la ciudadanía y la verdadera participación ciudadana; así como elaborar uno a partir del atlas de riesgo y planes de movilidad que al efecto se lleven a cabo y se pongan a consideración de la ciudadanía.
Lo que sigue ahora, enfatizaron los ambientalistas, es exigir que se cumpla la sentencia, apoyar en la difusión de la importancia de la planeación urbana, solicitando incluso apoyo a la ciudadanía, de colegios de profesionistas, académicos, expertos, a que contribuyan al bien común y no particular, así como mantener contacto con DMAS, que desde febrero está trabajando en una iniciativa para reformar la ley de asentamientos humanos en el sentido de la misma sentencia.
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Edición: Estefanía Cardeña
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