En la lucha que comparten varios colectivos a nivel Latinoamérica para la prevención del embarazo adolescente, se trabaja en la campaña “Son niñas, no madres”, en la que se están contemplando diversas políticas públicas para lograr un apoyo real. A esta campaña se ha sumado la asociación Gobernanza MX, que tiene como uno de sus objetivos el trabajar para prevenir o evitar embarazos a temprana edad.
“Un embarazo infantil pone en riesgo la salud y la vida de las niñas, está científicamente comprobado y creo que la Organización Panamericana de la Salud lo ha dicho, que una niña menor de 14 años que está embarazada tiene cuatro veces más posibilidades de tener complicaciones mortales durante el embarazo, durante el parto y el postparto, entonces es claro que la salud y la vida están en riesgo”, expuso Marianny Sánchez, vocera del movimiento “Son niñas, no madres” y aliada de Gobernanza Mx.
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Además, señaló, se está contemplado en la normativa el acceso al aborto terapéutico cuando la salud y la vida está en riesgo y en el caso de infantes, eso es puntual.
Fue así que decidieron llevar cuatro casos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque las sobrevivientes habían agotado el proceso jurídico en sus propios países y no habían obtenido justicia y lo que le están pidiendo al comité es que emita decisiones ejemplares que cambien cómo se aborda la violencia sexual en toda la región, además de reparaciones individuales para todas las sobrevivientes.
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La también directora de comunicaciones para América Latina de una de las organizaciones fundadoras de la campaña y colitigante en esos cuatro casos, enfatizó que ninguno de los expedientes llevados a la instancia internacional es de México, pero aseveró que son ilustrativos de una realidad que de manera muy dolorosa se repite en miles de niñas de toda América Latina.
Sobre todo, han mapeado que las niñas que viven en condiciones de pobreza o ruralidad, son mucho más propensas a no solamente vivir el infierno de la violencia sexual, sino que no tienen acceso a servicios de salud reproductiva o de consejería y acompañamiento jurídico y social como para poder retomar su proyecto de vida luego de haber quedado embarazada como consecuencia de la violencia sexual.
“Sabemos que en Quintana Roo también los índices de desigualdad económica y social son elevados, entonces seguramente hay un mayor riesgo, una mayor probabilidad de que estén expuestas a esta clase de problemas”, lamentó la entrevistada.
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