Foto: Ana Ramírez

Son múltiples los factores que se deben considerar para la reducción de la jornada laboral a 40 horas, misma que debe darse con responsabilidad, no a costa del empleo, expuso Jovita Portillo Navarro, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún.

Advirtió sobre los posibles impactos económicos de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, por lo cual convocó a un gran diálogo nacional para asegurar que la medida se implemente con equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad de las empresas.

"Muchos establecimientos de hospitalidad, comercio y esparcimiento operan bajo horarios extendidos, turnos continuos y demandas estacionales. Reducir la jornada semanal de sus colaboradores de 48 a 40 horas sin una estrategia de adaptación podría traducirse en menor disponibilidad de servicios", estimó durante rueda de prensa previa a la firma de un convenio con el Centro de Conciliación Laboral de Quintana Roo, celebrada el pasado 30 de mayo.

Debido a la estructura económica del estado, particularmente dependiente del turismo y los servicios, la reforma tendría efectos significativos, considerando que el 70% del PIB estatal proviene del sector servicios, siendo el turismo responsable de más del 21% del total.

Entre las principales consecuencias, adelantó, habría riesgos de menor productividad, alza de costos y afectación a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y si no se implementa con una estrategia de transición adecuada, la medida podría ocasionar una mayor necesidad de personal, pagos adicionales por horas extra o incluso recortes laborales.

“El riesgo es claro: si no se ajusta la operación puede disminuir la productividad o la calidad del servicio, justo en un sector tan sensible como el turístico”, expresó. Ante esto, la Coparmex Quintana Roo presentó estrategias para mitigar los efectos negativos de la reforma, enfocadas en proteger a las Mipymes y al empleo formal, pilares del desarrollo económico del estado.

Dichas medidas incluyen estímulos fiscales temporales como exenciones o deducciones de impuestos y cuotas del IMSS durante el periodo de transición; subsidios compensatorios para Mipymes; programas de capacitación y eficiencia; agenda paralela de productividad; e implementación diferenciada y gradual para las Mipymes.

Y subrayó que en el centro de toda política laboral deben estar las Mipymes, que representan el “alma del empleo” y el “motor de nuestras comunidades”, por lo que protegerlas y permitir su adaptación no es una opción, sino una prioridad estratégica para evitar que una buena intención termine dañando el empleo y la economía local.

Edición: AnA Ordaz


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