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Ana Ramírez
10/09/2025 | Cancún, Quintana Roo
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabaja en nuevas estrategias para prevenir delitos ambientales en las zonas costeras del país, incluido Quintana Roo, es decir, no solo busca sancionar, sino adelantarse a los daños, aseveró Alberto Rojas Rueda, subprocurador de Prevención Ambiental en la Profepa.
"Ahora nos enfocamos a prevenir, porque lo que quiere la presidenta y lo que queremos nosotros es no estar actuando como policía, sino ir dos pasos atrás y evitar que se genere el daño. Entonces, para eso lo que estamos haciendo son varias cosas: la primera es coordinándonos con las autoridades de otros niveles u órdenes de gobierno... la segunda es la coordinación con otros órdenes de gobierno en todo el país... y coordinarnos con sociedad civil", compartió, en el marco de la Jornada de Normas y Acreditación organizada por Empresarios por Quintana Roo.
Especificó que la Profepa tiene dos brazos operativos; el tradicional, el que todo el mundo conoce, es la policía del ambiente, la parte de control, misma que está dividida en tres subprocuradurías: Inspección, Vigilancia Industrial y Recursos Naturales. Estas tres básicamente se encargan de hacer el control, que es inspección, vigilancia, sanción, seguimiento de procesos administrativos, penales y civiles por daño ambiental.
En temas preventivos, acotó, es muy importante el ordenamiento ecológico territorial, que existe en varias escalas, está el nacional, los regionales y los municipales, que son vinculantes y cuando está bien hecho es muy poco probable que se permitan construcciones donde no debe haber, porque se delimitan las zonas.
Es por ello, acotó, que se están promoviendo junto con la Semarnat, porque en la medida que existan esos ordenamientos ecológicos territoriales habrá mayor cuidado de las zonas y se podrán evitar permisos de construcción en zonas donde para haber construido necesitaban el cambio de suelo forestal o el impacto ambiental.
Desafortunadamente el ordenamiento ecológico local no supera 10 por ciento de los municipios del país y ese es otro tema en el que estarán trabajando en este sexenio, porque de esa forma se evitarían más de la mitad de los delitos ambientales.
"Tenemos capacidades limitadas. Aunque tenemos más de 500 inspectores en todo el país, siguen siendo muy pocos para todo el territorio nacional, entonces se están conformando comités de vigilancia participativa, que en realidad son ciudadanos y ciudadanas que tienen interés en denunciar y nos permite llegar antes de que esté la construcción y no pedir que derriben una construcción", apuntó.
Lo fundamental, insistió, es implementar estrategias que prevengan el daño ambiental, para lo cual serán necesarios auditores aprobados por Profepa, para que acompañen los procesos de construcción para ver si no les falta ningún permiso.
Edición: Fernando Sierra
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