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Ana Ramírez
22/02/2026 | Cancún, Quintana Roo
Uno de los principales desafíos para el sur de Quintana Roo es su transición hacia una zona con vocación logística e industrial, un proceso que no es inmediato y que requiere incentivos sostenidos, infraestructura adecuada y condiciones fiscales competitivas, opinó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Carlos Olvera Silveira.
En este contexto, consideró que el fortalecimiento de figuras como los recintos fiscales o fiscalizados puede representar una oportunidad para impulsar el tráfico de mercancías y el desarrollo de cadenas de proveeduría orientadas al mercado del Caribe. No obstante, reconoció que aún existen pendientes en materia logística y de comercio internacional que deberán resolverse gradualmente para alcanzar estos objetivos.
Respecto al entorno tributario, el dirigente empresarial indicó que el endurecimiento de los mecanismos de fiscalización no es exclusivo de México, sino parte de una tendencia global impulsada por el uso de nuevas tecnologías que permiten a las autoridades cruzar información con mayor precisión.
Este proceso, explicó, ha derivado en mayores compromisos y niveles de vigilancia para las empresas, lo que reduce los márgenes de flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y eleva la complejidad operativa.
En el marco del reciente encuentro entre representantes del sector privado y diputados federales, el líder empresarial subrayó que estos espacios permiten conocer de primera mano los cambios que se preparan en el ámbito legislativo, así como emitir opiniones que contribuyan a evitar impactos inesperados en las empresas.
“Son acercamientos que nos permiten opinar sobre aquello que requiere ajustes desde la perspectiva del sector productivo, con el objetivo de que las decisiones tengan mayores probabilidades de éxito y no resulten sorpresivas para quienes generan empleo e inversión”, aseveró.
Por ello, resaltó la importancia de que el sector productivo participe activamente en los procesos legislativos y en el diseño de políticas públicas, particularmente en materia fiscal, al considerar que la retroalimentación empresarial es clave para garantizar que las reformas sean viables y funcionales.
Aunque el impacto varía según el sector económico, estimó que el pago de contribuciones puede representar entre 10 y 15 por ciento de los costos operativos para algunas compañías, dependiendo de su actividad.
Finalmente, hizo un llamado a los empresarios a mantenerse informados sobre los cambios regulatorios y a cumplir con sus obligaciones fiscales, al tiempo que reiteró la necesidad de mantener un diálogo permanente con las autoridades para corregir disposiciones que no resulten funcionales para el desarrollo económico.
“El cumplimiento no necesariamente implica estar de acuerdo, pero sí es parte de la responsabilidad que tenemos como empresas dentro del sistema que nos permite generar riqueza”, concluyó.
Edición: Emilio Gómez