Del 20 al 29 de octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó visitas de inspección y seguimiento en distintos puntos de Quintana Roo, donde detectó afectaciones en 331 mil 901 hectáreas de vegetación forestal por actividades de desmonte, apertura de caminos y obras sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes.
Como resultado, la dependencia informó en un comunicado de prensa que impuso 25 clausuras temporales totales en 25 polígonos del ejido San Isidro Poniente, en un predio de Cancún y una clausura en un proyecto colindante con la laguna de Bacalar.
En el ejido San Isidro Poniente, ubicado en el municipio de José María Morelos, la remoción de vegetación forestal suma 25 predios con una superficie afectada de 331.901 hectáreas de selva baja subperennifolia y selva mediana subperennifolia: 304 mil 863 corresponden a 22 polígonos, inspeccionados el 21 de octubre, y 24 mil 94 hectáreas corresponden a otros tres terrenos, inspeccionados el 29 de octubre. Otras 2 mil 98 hectáreas corresponden a un predio ubicado en Cancún.
En ninguno de estos sitios se acreditó contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
De acuerdo con lo manifestado por el Comisariado Ejidal de San Isidro Poniente, las actividades de remoción de vegetación habrían sido realizadas por integrantes de un grupo menonita de la región. Esta información, así como la situación de los derechos ejidales y de usufructo relacionados con los terrenos, será revisada durante el procedimiento administrativo.
Foto: Profepa
Además, en Bacalar, la clausura se derivó del seguimiento a un procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental.
Por otra parte, el 23 de octubre, durante una visita de inspección en el Polígono Sur de Cancún, municipio de Benito Juárez, la dependencia detectó la remoción total de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia en una superficie de 20 mil 980 metros cuadrados, equivalentes a dos mil 98 hectáreas. Debido a que no se acreditó la autorización federal para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se impuso la clausura temporal total de las obras y actividades.
En un tercer punto, el 20 de octubre, personal de la Profepa acudió a un predio colindante con la laguna de Bacalar, en el municipio de Othón P. Blanco, para dar seguimiento al procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental relacionado con el proyecto Restaurante Los Rápidos. Como resultado, se impuso la clausura de las obras y actividades del proyecto y colocó los sellos oficiales correspondientes.
En todos los casos, la Profepa levantó las actas correspondientes para documentar las condiciones de los sitios, los hechos observados y las medidas impuestas. Asimismo, continuará con la integración de los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades que, en su caso, correspondan, así como las sanciones y medidas correctivas o de restauración procedentes.
Foto: Profepa
La remoción de vegetación forestal sin autorización puede ocasionar pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y fragmentación de los hábitats naturales, además de afectar los servicios ambientales que proporcionan estos ecosistemas.
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