Presencia de un diputado federal del PRI

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Tulum
Sábado 27 de agosto, 2016

Otro violento intento de desalojo se registró en el municipio de Tulum, en el que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) habría participado, mientras altos funcionarios de la dependencia vigilaban a distancia a bordo de una camioneta Suburban blanca, denunciaron algunos lugareños.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 20 de agosto –y se mantuvo oculto hasta el viernes– en un predio ubicado en el kilómetro 340 de la carretera Playa del Carmen-Tulum, cuya propiedad se atribuye a un polémico empresario, “un señor que rara vez viene por acá”, señalaron los quejos, que solicitaron anonimato por temor a represalias.

Las mismas personas aseguran que “agentes de la (ex) Procuraduría participaron en los hechos; comentaron que hubo balazos y personas lesionadas, aunque no especificaron si por golpes durante el enfrentamiento o por arma de fuego. Hasta el momento, la Fiscalía General no ha dado respuesta.

También se reportó la presencia de un diputado federal del PRI (los actuales legisladores por el tricolor son: José Luis Chanito Toledo Medina, el candidato derrotado a la candidatura para la gubernatura; Arlet Mólgora Glover; Sara Latife Ruiz de Chávez y Mario Machuca Sánchez) en la misma Suburban blanca, que al parecer tiene intereses en la zona.

Los denunciantes señalaron que funcionarios de la FGE habrían infiltrado a un “grupo de choque” en el terreno de 60 hectáreas, presuntamente propiedad del corporativo ABC (materiales para construcción), propiedad de Eduardo Solís Preciat, para provocar a otro grupo que lo custodiaba.

El “grupo de choque” allanó el predio para sacar a varias personas contratadas por el presunto dueño para custodiarlo; la propiedad ya ha sido escenario de otras disputas.
Incluso, lo aparatoso del episodio motivó la llegada de elementos del Ejército tras ser notificado de los disparos en la zona.

Durante el año suman ya 17 los desalojos en hoteles y predios que autoridades estatales y municipales han realizado en la zona costera del municipio de Tulum, presuntamente envueltos en problemas y litigios.

Varias veces, los afectados se han manifestado a las afueras de los juzgados con sede en Playa del Carmen para exigir la devolución de las propiedades. Los desalojos forman parte de una serie de expropiaciones ordenadas por los tribunales de Quintana Roo, con el aval del Tribunal Superior de Justicia.

El pasado 17 de junio, decenas de elementos de “seguridad privada” llegaron a varios hoteles de la Zona Hotelera tulumense para desalojar inmuebles con la orden de un juez, mientras policías municipales y agentes ministeriales se limitaron a observar y aseguraron que estaban ahí para proteger a los funcionarios judiciales que ejecutaban los embargos.

Ante la imposibilidad de denunciar los hechos “porque los periódicos de Quintana Roo están comprados por el gobernador (Roberto) Borge (Angulo)”, acusaron los testigos, la prensa nacional e internacional ha documentado los atropellos en Tulum, al que llaman “un paraíso mexicano que las mismas autoridades están amenazando con destruir”.