La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Domingo 5 de junio, 2016
La retención en Cancún del senador yucateco Daniel Gabriel Ávila Ruiz en una Suburban, acompañado del dirigente estatal del PAN, Eduardo Martínez Arcila, quien fue remitido a la PGR por presunta compra de votos, marcan la mitad de los comicios en Quintana Roo.
En su muro de Facebook, el legislador acusó haber sido “privado de mi libertad por operadores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional”, y exigió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong garantías y responsabilizó al gobernador Roberto Borge Angulo “de mi integridad física”.
En una de las casillas de la Supermanzana 60, en el centro de la ciudad, se suscitó una trifulca entre operadores del PRI y el PRD por la presunta compra de votos; al lugar arribaron policías municipales y elementos de la Gendarmería y el legislador del blanquiazul, quien advirtió que denunciaría.
El legislador dijo que supervisaba como observador electoral, mientras que militantes priistas-verde-ecologistas lo acusaron de ir a “rescatar” a presuntos compradores del sufragio por parte de la coalición PAN-PRD.
Con todo y senador y el dirigente panista dentro, la camioneta fue subida a una grúa y así llegaron a la PGR para declarar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el presunto delito electoral por lo que los verde-ecologistas los acusaron.
También ya hay dos detenidos por presunto fraude: una mujer en la capital Chetumal, y un sujeto en Puerto Morelos, y en redes piden vigilar las Farmacias del Ahorro porque ahí gente ligada al Partido Verde Ecologista está pagando entre mil y 1,500 pesos por voto.
La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de 100 mujeres
La Jornada Maya
El sitio fue el único en recibir la distinción entre los mil 300 reconocimientos entregados por la dependencia
La Jornada Maya
El grupo ofrecerá acompañamiento a quienes enfrentan directamente las consecuencias de la adicción
Ana Ramírez
La mujer estaba en situación de vulnerabilidad al no poder acreditar su identidad ante instituciones públicas y privadas
La Jornada Maya