La Jornada Maya
Foto: Aguakan
Playa del Carmen, Quintana Roo
Miércoles 24 de octubre, 2018
Respetar las garantías individuales es fundamental en cualquier parte del mundo, permite la dignidad humana y el desarrollo integral en un entorno de paz, siempre y cuando se cumplan los indicadores básicos relacionados a salud, educación y economía.
Un común denominador entre estos tres factores suele ser el trabajo, abordándolo no sólo en términos de acceso sino lo que es posible a través de éste: disminuir los índices de pobreza, aumentar las tasas de alfabetización, así como de personas con seguridad social y cobertura de salud.
Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Lo anterior se traduce en retribuciones salariales, jornadas y trato igualitario, aunado a otra serie de ventajas referidas al empleo.
En este contexto, en México ha repercutido positivamente en el desarrollo social de las comunidades, gracias a la creación de empleo, de mejores oportunidades, de trabajo digno y un ingreso familiar seguro, entre otros beneficios generados por diversos sectores, sin importar si son organismos públicos o privados e incluso el giro al que se dediquen.
Por ejemplo, en la zona norte de Quintana Roo son más de mil empleados dedicados a brindar los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para más de un millón de habitantes a través de la concesionaria Aguakan, quien se mantiene apegada a los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), garantizando condiciones de trabajo justas y proporcionándoles prestaciones adicionales en materia de salud, seguridad laboral, capacitación, desarrollo personal y profesional, entre otras.
Tanto en el estado como en el resto del país resulta crucial seguir impulsando iniciativas que fomenten una cultura laboral más fuerte, con directrices alineadas a normas nacionales, acuerdos internacionales y multilaterales, los cuales protegen a su vez los derechos humanos y eviten el impacto negativo o retroceso sobre la población.
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